El consejero delegado de Brassica, Manuel García Gallardo, ha anunciado que recurrirá la decisión de la Junta de Andalucía de rescindir el contrato con la empresa porque la considera “tremendamente injusta” y porque, según asegura, es parte de “una caza de brujas” para que ceda el servicio a otra firma.
En las únicas declaraciones que ha hecho, a la agencia EFE, García Gallardo ha asegurado que la Junta de Andalucía le adeuda un millón de euros, algo que se contradice radicalmente con lo que reiteradamente han afirmado estos días diversos responsables del gobierno andaluz, que sostienen que todas las facturas están al corriente de pago y no hay ninguna deuda pendiente con Brassica.
La última en afirmarlo ha sido la consejera de Educación, Mar Moreno. “A la consejera le han informado mal”, asegura el empresario, que insiste en que la Junta de Andalucía le adeuda las facturas de enero a junio de 2011 de los 55 colegios que gestiona en Cádiz y noviembre y diciembre de 2012 de los 122 comedores escolares andaluces que gestiona.
Manuel García Gallardo insiste en que con que la Junta pagara “un mes” Brassica podría hacer frente al pago de las tres nóminas pendientes que mantiene con sus trabajadores.
Según la versión del consejero delegado de Brassica todo forma parte de una "caza de brujas" con la que algún funcionario "de abajo" y "de forma absolutamente malintencionada" está dando información falsa para que el gobierno andaluz ceda su contrato a una multinacional italiana, que, según dice, está cobrando del gobierno andaluz más puntualmente que él.
"Llevamos varios meses aguantando la presión para que cedamos los contratos. Me han llegado a decir que si no lo cedía no me pagaban", explica el empresario, que cuenta que cuando la Junta de Andalucía tramitó recientemente pagos pendientes no pudo con ellos abonar las nóminas de sus trabajadores porque el dinero fue absorbido por deudas pendientes con la Seguridad Social, Hacienda y otras instituciones.
La Junta, responsable
El empresario dice que la “verdadera responsable” de lo ocurrido es la Junta porque los desfases de tesorería de la empresa se deben a los retrasos de sus pagos. “Hemos llegado a esperar pacientemente más de ocho meses al pago de retrasos”, dice mientras reconoce que la situación es similar con respecto a los pagos de otras administraciones autonómicas con las que Brassica trabaja.
Por eso no entiende que después de haber esperado “sin pedir intereses” que el gobierno andaluz pagara sus recibos, ahora la administración quiera rescindir el contrato en lugar de prestar apoyo a una empresa “andaluza” con cuarenta años de historia.
Sobre las denuncias por la mala calidad y escasez de la comida que, según los padres, Brassica servía desde hace un tiempo el consejero delegado explica que “algunas recetas” han cambiado en este tiempo porque una de las dos fábricas que trabajaban en la producción de las comidas cerró “ante la imposibilidad de soportar los impagos de la Junta” por lo que la otra tuvo que asumir toda la cadena de elaboración trabajando “24 horas al día”.
Aún así defiende la calidad de la producción de Brassica y apunta que su fábrica de Sevilla está “al lado” del organismo andaluz que se encarga de gestionar estos contratos y de supervisar la producción. “No ejercen la labor de supervisión como deberían porque prácticamente no aparecen”, añade.
García Gallardo reclama que se abra “una mesa de diálogo” con la Junta de Andalucía para aclarar las contradicciones entre las versiones de uno y otro lado e incluso pide el “auxilio de algún mediador” que clarifique la situación.
