La declaración de la tesorera y el interventor del Ayuntamiento de San Fernando en calidad de imputados en el caso del robo en la caja municipal, que estaba prevista para este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de la localidad, ha sido suspendida después de que el Ministerio Fiscal haya recurrido su imputación.
Fuentes del caso han confirmado a Europa Press que la Fiscalía ha presentado un recurso de apelación contra la imputación de dichos funcionarios municipales, de manera que, "por prudencia", el juzgado ha decidido suspender la citación a la espera de que resuelva la Audiencia Provincial de Cádiz.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando, que se encarga de la instrucción penal por el supuesto robo de 7,8 millones de euros en la caja municipal entre junio de 2002 y abril de 2009, emitió el pasado 20 de julio un auto por el que imputaba a los dos funcionarios municipales.
Hasta ese momento, los principales imputados eran Clemente Ruiz y María José Lebrero por ser ambos los responsables de la caja en esas fechas. A lo largo de la instrucción también han sido imputadas por un delito de blanqueo de capitales tanto la esposa como la suegra de Ruiz.
El Ministerio Público también interesó en su día la imputación de ocho miembros de una familia de origen marroquí con la que Clemente tuvo negocios comunes, por lo que entiende que pudo participar en los hechos.
Delito de alcance en los fondos públicos
Como se recordará, el juicio contable por el robo en la caja de San Fernando se celebró a mediados de octubre de 2013, considerando el Tribunal de Cuentas que los hechos eran constitutivos de un delito de alcance en los fondos públicos cuyo principal cuantificaba en 7.665.733,92 euros -la diferencia de la cantidad inicial de 7,8 millones se derivaba de la prescripción de algunas de las responsabilidades-.
En su sentencia, el Tribunal de Cuentas estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento isleño y declaró responsables directos a Ruiz y Lebrero, a quienes condenaba a pagar al Consistorio los 7,6 millones de euros más intereses legales.
Asimismo, el tribunal declaraba la responsabilidad contable subsidiaria de los exalcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, condenando a cada uno de ellos al pago de 29.350 euros más intereses.
