El Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de San Fernando presentará una moción al próximo Pleno para que se apruebe instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que modifique los nuevos pliegos que han de regular el transporte sanitario en la provincia de Cádiz yque se ajusten a la Ley estatal que regula el transporte sanitario desde 2012. Esto es, el Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo.
También se pedirá instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que reconozca en estos pliegos la correcta catalogación laboral de los técnicos de emergencia sanitaria que prestan servicio en las ambulancias, a los que erróneamente clasifica como conductores de ambulancia.
El tercer punto de la moción pretende instar a la a que permanezcan en estos pliegos las ambulancias de clase B (de soporte vital básico), debido al servicio imprescindible que prestan estos vehículos de nivel intermedios y sus dotaciones humanas.
También la instará –caso de aprobarse- a que amplíe el parque móvil de ambulancias que dan servicio en San Fernando para ajustarse mejor a las necesidades de la población isleña y a que garantice la presencia permanente, obligada por Ley, de dos técnicos en emergencias sanitarias en las ambulancias de clase B que presten servicio en San Fernando.
El Grupo Municipal Andalucista recibió el pasado 5 de abril al representante en la provincia de la Emergencias Sanitarias (Emersan) y delegado de UGT de transporte sanitario en la provincia, Abel Torralva, para conocer de primera mano las preocupaciones de los técnicos en emergencias sanitarias ante la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los nuevos pliegos que han definir el contrato que la Administración Autonómica adjudicará para el servicio de transporte sanitario en la provincia de Cádiz.
Unos pliegos con los que la Junta insiste en ciertas irregularidades y en no ofrecer el servicio sanitario que los andaluces, y con ellos las familias de San Fernando, nos merecemos.
La realidad –dice la exposición de motivos de la moción- es que la Administración Autonómica no cumple la Ley estatal que regula el transporte sanitario desde 2012. El Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, especifica que en las ambulancias no asistenciales, catalogadas como clases A1 y A2, debe ir un técnico en emergencias sanitarias y, cuando el tipo de servicio lo requiera, otra persona en funciones de ayudante con la misma titulación.
En cuanto a ambulancias asistenciales se refiere en las del clase B (de soporte vital básico) la Ley sí obliga a que sean dos técnicos quienes se desplacen y en en la clase C (las de soporte vital avanzado o UVI móvil) las exigencias se amplían hasta la presencia de un técnico, un enfermero y un médico.
La realidad es bien distinta en nuestra Comunidad Autónoma. Prueba de ello es la cobertura que la Consejería de Salud ofrece en materia de transporte sanitario a los casi 100.000 habitantes de San Fernando.
Desde 2008 las familias isleñas sólo cuentan con dos ambulancias para este servicio, una de clase B y otra de clase C, un parque móvil del todo insuficiente para nuestra población y que en su día la Junta prometió ampliar.
Además, se da otra particularidad en San Fernando, ya que la ambulancia de clase B sólo cuenta con dos técnicos de siete de la mañana a siete de la tarde, quedando sólo un técnico de ellas a bordo durante el resto del día, cuando la Ley obliga a que en estos vehículos estén presentes dos de estos profesionales durante las 24 horas de la jornada. Y esto es así porque hay tareas sanitarias que sólo puede prestarse de forma eficaz con la participación de dos de estos profesionales.
Mención aparte merece la categoría laboral que la Consejería de Salud otorga a estos técnicos en emergencia sanitaria. Se trata de personas que se han formado como tales, pero a los que la Junta se refiere en sus contratos y en las nóminas que estos reciben como conductores de ambulancia.
La labor de estos profesionales va mucho más allá que conducir una ambulancia. Sobre el terreno ellos actúan como los profesionales que son y prestan una labor imprescindible en el momento justo en el que ésta es necesaria.
Ellos no se limitan a transportar enfermos, ellos también salvan vidas, entre ellas las de nuestras familiares y seres queridos. Por eso el tratamiento que se les otorga no se ajusta a la realidad.
Por otro lado, y curiosamente, el nuevo pliego no contempla la clase B, pasando de las ambulancias no asistenciales a las de clase C cuando este vehículo intermedio ofrece un servicio absolutamente necesario del que no se puede prescindir.
“Como siempre, consideramos que hay materias que no admiten recorte o irregularidades. Y entre ellas se encuentran la cobertura sanitaria de nuestras familias y la apuesta por el empleo de calidad que se merecen los profesionales que nos prestan esos servicios”, dicen los andalucistas.
