Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pertenecientes a la Jefatura Provincial de Cádiz, han intervenido en Sanlúcar de Barrameda un total de 5.235 boletos ilegales con el anagrama 'La Paloma', una lotería sin autorización para su venta al público, sin control administrativo y sin soporte que asegure el cobro de los premios.
En una nota, la Junta ha informado de que, además, se ha denunciado a una mujer de 65 años por la distribución de estos boletos, que han sido incautados en el marco de las actuaciones que la Unidad Adscrita está desarrollando para erradicar la lotería ilegal que se distribuye en la provincia de Cádiz durante la primera semana de enero.
Esta mujer era la encargada de repartir los 'tacos' de boletos de distintas cantidades y marcados con las iniciales de los diferentes vendedores. Además, la hija de la denunciada transportaba los boletos a los domicilios de los vendedores.
Según la Junta, esta organización ilegal, que actúa bajo el nombre de 'La Paloma', carece de cualquier autorización para la celebración, organización y distribución de los boletos de los sorteos que realiza en paralelo a los de la ONCE. Tiene su ámbito de actuación en la provincia de Cádiz y concretamente en las localidades de Barbate y Sanlúcar de Barrameda. Además, no tiene fines sociales ni el objetivo de integración de las personas que venden sus boletos a los que denominan "voluntarios".
Estos sorteos se realizan de lunes a viernes y solo se pone en juego una parte de los 10.000 números que componen la serie, aproximadamente el 20%. Con ello, se disminuye la posibilidad de que el primer premio tenga que ser abonado. Además, como los restantes premios son insignificantes, los beneficios para los organizadores se disparan cuando el premio mayor no se entrega y a una pequeña cantidad cuando sale el primer premio.
Asimismo, estos sorteos, además de constituir un fraude para la Hacienda Pública, dado que no abonan ningún tipo de tasa fiscal lo que aumenta el beneficio para los organizadores, también carecen de cualquier garantía para los consumidores que difícilmente pueden exigir el pago de los premios.
