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Sanlúcar

El Pleno ratifica la congelación de tasas e impuestos en 2020

Los votos de PSOE y Cs han conseguido sacar adelante las Ordenanzas Fiscales para el próximo año pese a la negativa de los grupos de la oposición

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  • La delegada de Hacienda junto al primer teniente de alcalde. -

El Pleno ha aprobado hoy, con los votos del PSOE y Cs, las Ordenanzas Fiscales para 2020. Así lo han explicado en rueda de prensa la delegada de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz (Psoe) y  el primer teniente de alcalde, Javier Porrúa (Cs). “Como en años anteriores, las ordenanzas establecen la congelación generalizada de los impuestos y tasas, se rebaja la presión fiscal en forma de bonificaciones a colectivos vulnerables como desempleados, pensionistas o familias numerosas y los costes de apertura de nuevas empresas a través de incentivos que financian la creación, los costes sociales y el mantenimiento de las empresas”, resumió la delegada municipal de Economía y Hacienda.

Según ha explicado Javier Porrúa, las tasas de agua, alcantarillado y depuración se actualizan al 85% del IPC, con una actualización de en un 0,25%. Se mantienen las bonificaciones del 25% para las familias numerosas. Y se sigue manteniendo el mismo criterio desde 2017, respecto de los consumos cuando hay fugas por averías en la que si el usuario certifica esta circunstancia y que se ha actuado con diligencia se le liquidara en base al consumo medio de los bimestres anteriores.

La responsable de Economía y Hacienda también ha querido destacar la congelación de estas tasas municipales y además, resaltar que la subida de un 0,25% no va a suponer  más que céntimos en la mayoría de los casos.

Porrúa ha querido destacar que la redacción de estas ordenanzas ha sido iniciativa por un lado, de las recomendaciones de los técnicos municipales, y por otro, de los propios usuarios “por ejemplo, las tarifas y normas de utilización de los espacios públicos o la reserva de las pistas deportivas en las que se contempla por primera vez que puedan reservarse durante una hora y media”.

Se actualizan igualmente al IPC, un 0,3% como recogen sus contratos, la piscina cubierta, cementerio y tanatorio, lo que supone unos céntimos en los recibos.

También quedan congelados impuestos como ICIO, IVTM y Plusvalías, al igual que el recibo de la basura, para la que se siguen manteniendo las tarifas reducidas en un 25% para las familias numerosas, un 50% para desempleados y un 75% para pensionistas, adaptándose la bonificación al incremento del SMI aprobado por el Gobierno de la Nación, y que abre el umbral a que muchos más pensionistas puedan acogerse a esta tarifa reducida. Igualmente se mantiene la bajada de la tasa de basura industrial de los pequeños comercios de menos de 100 metros aprobada hace varios años y que ha sido tan beneficiosa.

Por otra parte, Muñoz ha explicado que las modificaciones han estado expuestas hasta el 18 de diciembre, tal y como dicta la ley, “han estado expuestas al público y se han presentado varias alegaciones, la del Partido Popular y las de Izquierda Unida”. Respecto a las del Partido Popular, ya contestadas según Muñoz, “se han presentado deprisa y corriendo, por lo que tras la publicación no es posible volver a modificar, puesto que los impuestos tienen que entrar en vigor a partir del 1 de enero”.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Izquierda Unida, en las que se denuncia falta de igualdad en las ordenanzas y se solicita “que pague más el que más tiene”, Inmaculada Muñoz responde que “la ley general tributaria establece la progresividad en los impuestos, cosa que el Ayuntamiento sigue cumpliendo”. Por otro lado, según ha explicado Muñoz, Sanlúcar tiene una fijación con el impuesto de actividades económicas, lo que significa que las empresas que tributan más de un millón de euros al año pagan más impuestos. Según la responsable de Economía, “IU está empeñada en que se suban los impuestos a los comercios de la calle Santo Domingo y este equipo de gobierno no está de acuerdo en poner más trabas fiscales a las más de cuatrocientas empresas que generan empleo y riqueza en nuestra ciudad”.

Por último, desde el equipo de gobierno se exige a Carmen Álvarez responsabilidad con los sanluqueños, puesto que “ahora que está en Diputación respalda unos presupuestos, sin embargo, a los ciudadanos de Sanlúcar sigue negándose a aprobar un presupuesto y unas ordenanzas, ni siquiera se abstiene para desbloquearlos” ha asegurado Muñoz. “Ella siempre está hablando de redes clientelares, pero tendrá que explicar por qué les dice no los sanluqueños, a los clubes deportivos y a las inversiones en Sanlúcar y si le dice sí a los presupuestos de la Diputación, seguramente porque quiere mantener sus redes clientelares provinciales.

 

Ayudas al empleo

Una de las novedades es el incremento de las líneas de ayudas para la Reactivación del Empleo dotado con 280.000€, que vienen a financiar los costes de apertura y gastos sociales para los nuevos negocios, del que se han beneficiado casi un centenar de empresas en este último año con ayudas que oscilan entre los 1000€ y  3500€, y que financian:

1000€ la apertura de cualquier nuevo establecimiento en nuestra ciudad

1000€ por cada nuevo trabajador indefinido

1500€ si además estos trabajadores indefinidos son de inclusión social, víctimas de violencia de género o menores de 35 años sin empleo anterior.

Igualmente se establecen incentivos para la transformación de empleo temporal en indefinido; y se crea una nueva línea de ayuda para el mantenimiento de pequeños autónomos.

Y por último, se mejora la Ordenanza que regulan las visitas a los monumentos, una demanda de los visitantes y de las empresas turísticas de nuestra ciudad. Así a partir del próximo año las visitas podrán ser o no guiadas, no habrá límites de visitantes, y se amplía la duración de la visita. Recoge expresamente la gratuidad de los menores de 12 años. Se trata de una tarifa simbólica de 2€ por persona, que para los residentes será de 1€.

Por último cabe señalar que, como en años anteriores, se seguirán dando facilidades a los ciudadanos para el pago de manera fraccionada para personas con dificultades y para deudas cuantiosas, que se amplían los plazos de 60 meses a 120 meses.

 

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