El Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, que investiga el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, ha emitido una nueva providencia en la que recuerda al Instituto de Medicina Legal (IML) el "urgente cumplimiento del oficio librado" el pasado mes de abril reclamando la entrega "a la mayor urgencia posible" de los informes médico forenses ordenados y aún pendientes.
En esta providencia emitida el pasado 25 de noviembre, adelantada por Diario de Sevilla y recogida por Europa Press, dicha instancia judicial recuerda "al Instituto de Medicina Legal, Clínica Médico Forense, el urgente cumplimiento del oficio librado el 4/6/21 en el que se solicita remitan a la mayor urgencia posible los informes médico forenses, ordenados por este Juzgado y pendientes, algunos de ellos desde enero de 2021, recordando de nuevo que la presente instrucción pende únicamente de la unión al procedimiento de dichos informes".
"En el caso de que no estuvieran aun realizados, informen el motivo y el tiempo estimado para su realización", concluye esta nueva providencia de la magistrada instructora, Pilar Ordóñez Martínez.
Todo ello por el mencionado brote empidémico del verano de 2019, que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.
En la causa figuran como investigados José Antonio Marín Ponce, dueño y administrador de hecho de Magrudis; su hijo y administrador único de la entidad, Sandro José Marín Rodríguez; su otro hijo Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez Jiménez como esposa de Sandro José y la hermana de esta última, Isabel María Rodríguez Jiménez.
En paralelo, la Fiscalía pidió meses atrás el sobreseimiento de la causa respecto a los investigados Antonio Martínez León y su hermano Domingo como administradores solidarios de la empresa comercial bautizada con sus apellidos; de Federico Rodríguez Jurado como comercial para Magrudis y otras empresas cárnicas; de David Martín Muñiz como asesor financiero de Magrudis; de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José Ojeda Barrera y del arquitecto Sergio Lorencio Gómez, contratado por Magrudis para la regularización de la actividad que ejercía desde años atrás.
Los afectados, no obstante, han rechazado que la causa sea archivada respecto a la mencionada funcionaria municipal, a la que achacan "mala fe", "manipulación" y omisiones, entre otros aspectos, según un escrito elevado al juzgado por el abogado Germán Grima en representación de numerosas personas afectadas de un modo u otro por el citado brote.
Según estos afectados, en las diligencias pesan dos actas de inspección de Ojeda que presentan "graves carencias y omisiones que permiten acreditar que de forma presuntamente deliberada, otorgó a las mercantiles imputadas una relajación en el control (...), así como una extensión en el tiempo para realizar nuevas inspecciones, obviando igualmente determinadas carencias técnicas que debieron conllevar el cese inmediato de la actividad".
