El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado dos mociones similares de Adelante y Vox en demanda de revisar la documentación de los planes especiales de protección de los sectores urbanos correspondientes a la Catedral y el Real Alcázar, de cara a su autorización provisional "en un plazo máximo de 15 meses", así como en pro de una comisión municipal para el seguimiento del asunto.
La moción ha sido expuesta por la concejala de Adelante Susana Serrano, secretaria general de Podemos, quien ha mencionado el papel especial jugado en el asunto por la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa).
La Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla, principales monumentos de la ciudad y buques insignia del turismo sevillano, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987. Su destino como Patrimonio Mundial estuvo hace años marcado por la torre de 178 metros de altura que promovía la entonces Cajasol-Banca Cívica, ya fagocitada por CaixaBank, en el sector sur de la isla de la Cartuja, una localización que dista aproximadamente 1.600 metros del enclave del casco histórico de Sevilla donde se alzan los citados monumentos.
Porque la propuesta de resolución elevada a debate en 2012 en la XXXVI sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco consideraba que el proyecto de la torre suponía un "impacto visual altamente adverso" sobre la localización de estos monumentos y su relación con el río Guadalquivir y el resto de monumentos de la ciudad.
LA PROPUESTA INICIAL
La propuesta en cuestión, sustentada en las recomendaciones del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés), abogaba por incluir a estos monumentos en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y reclamar a España, como estado miembro de la Unesco, la "suspensión inmediata de todo trabajo" en la torre, diseñada por el arquitecto César Pelli.
Esta propuesta, no obstante, no prosperó y la resolución definitiva de la Unesco daba cuenta del "impacto visual altamente negativo" del proyecto, pero sólo reclamaba una serie de medidas para "evitar desarrollos similares en el futuro" en la ciudad hispalense y mitigar los efectos visuales de la torre sobre el paisaje histórico.
Ya en junio de 2013, en el marco de la XXXVII sesión del Comité de Patrimonio Mundial, la Unesco daba cuenta de los "progresos" alcanzados en la "finalización y aprobación de planes especiales de protección para los sectores del Conjunto Histórico" con la previsión de conclusión de los mismos "en 2013", así como la previsible "cobertura completa" de la zona de 'amortiguamiento' de los monumentos con dichos planes especiales y el empeño de las autoridades locales por "establecer adecuadas medidas de control" de cara a las nuevas construcciones, según el acuerdo aprobado entonces, recogido por Europa Press.
Transcurridos años desde aquel posicionamiento de 2013, Adepa alertaba recientemente de que varios de los citados planes especiales de protección siguen sin estar convalidados, como es el caso de los correspondientes a los sectores urbanos de la Catedral y el Alcázar.
Dado el caso, las mociones de Adelante y Vox debatidas en el pleno a instancias de Adepa apuestan por revisar el trabajo elaborado para los planes especiales de la Catedral y el Alcázar de cada a su aprobación provisional en un plazo máximo de 15 meses, creando una comisión municipal de seguimiento para ello; la homologación de todos los sectores que cuentan con plan especial de protección a la sentencia que anula 12 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico "en un plazo igual" de tiempo; "la revisión de los compromisos con la Unesco para la zona de respeto y la de amortiguamiento" y para "evitar la construcción de edificios de características semejantes a la Torre Pelli".
EL PSOE SE DEFIENDE
Durante el debate plenario, el PP, Cs, Vox y Adelante han votado a favor del contenido completo de ambas mociones similares, mientras el PSOE sólo ha apoyado el primer punto, defendiendo la concejal socialista de Patrimonio, Carmen Fuentes, que los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio Mundial "no sufren peligro alguno y están suficientemente protegidos", asegurando que la Unesco "no ha hecho ningún movimiento que implique algún peligro para su catalogación".
Del mismo modo, ha alegado que la sentencia que anula 12 artículos del Plan General de Ordenación Urbana sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico, fruto de un litigio de Adepa, está siendo cumplida, porque en tales sectores las licencias de obra son revisadas para que se ciñan a la sentencia.
Admitiendo que se trata de un "asunto atascado desde hace años", la edil de Patrimonio ha abogado por "no poner plazos" y dar "los pasos correctos", exponiendo que el Gobierno local prevé presentar a la Consejería de Cultura una propuesta de "criterios" para el documento definitivo del plan especial de protección del sector urbano de La Encarnación, para aplicar tales criterios al resto de planes en la misma situación si obtiene el consentimiento de la Administración autonómica.
Del mismo modo, ha negado que el Ayuntamiento haya incurrido en "incumplimientos" de sus compromisos con la Unesco, mientras el edil de Cs Lorenzo López Aparicio ha alegado que sí constituye un incumplimiento "tardar diez años" en sacar adelante los planes comprometidos y el concejal del PP José Luis García ha criticado que el PSOE tenga tanto tiempo este "marrón sin solucionar".
