El juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha fijado para el 4 de julio de 2023 el juicio contra la empresa sueca Boliden por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar, que se produjo en abril de 1998 y que la Junta considera "el mayor desastre ecológico" en Andalucía.


Así lo ha decidido el juzgado tras la celebración este jueves de la vista previa, en la que, tras no llegar a un acuerdo, las partes han presentado las pruebas correspondientes y han defendido sus posturas en el conflicto, en el que la Junta reclama 89.867.545 euros a la empresa minera por los daños ocasionados.

Los abogados de la Administración autonómica han sostenido que están legitimados y que tienen la "obligación legal" de reclamar esta cantidad de acuerdo con la ley de Minas, mientras desde la empresa se asegura que la Junta se gastó la mitad del dinero que reclama en "un corredor verde" y no en paliar las consecuencias del vertido

Según se ha señalado al término de la vista previa, el juicio se desarrollará en seis sesiones que se celebrarán los días 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de julio del próximo año y contará con la declaración de doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas.

Durante la vista, que ha durado tres horas, la Junta ha presentado un extenso informe pericial sobre la restauración ambiental realizada en la zona que ha sido impugnado por Boliden al considerar que había sido realizado por funcionarios del propio Gobierno regional, es decir, parte interesada en el procedimiento, y que finalmente no ha sido admitido por el juez.

La representación legal de la Junta ha argumentado que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas, por lo que reclama casi 90 millones de euros por la limpieza.

Por su parte la empresa minera ha lamentado el incidente pero ha defendido que el Gobierno andaluz había autorizado en 1996 el recrecimiento de la balsa que posteriormente se rompió y que ellos retiraron los lodos "de forma voluntaria", algo que les costó 80 millones de euros y que no fue cubierto por el seguro.

La reclamación de la factura al grupo sueco que explotaba la mina entonces lleva casi 25 años en un "peregrinaje judicial" -así lo definió el Supremo- que en 2015 volvió al punto de partida.

La vía penal -por la que un juzgado de Sanlúcar la Mayor llegó a imputar a una veintena de técnicos de Boliden, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente- se cerró pronto (en 2000 el juzgado la archivó y la Audiencia de Sevilla lo confirmó en 2001).

La Junta presentó entonces una demanda civil que cayó en el juzgado de instrucción 11 de Sevilla, que en 2002 la inadmitió declarándose incompetente (la Audiencia lo confirmó en 2003).

Ante ello, en 2004, el Consejo de Gobierno acordó imponer a Boliden una multa por los 89 millones para poder exigirla por la vía contencioso-administrativa, pero el grupo minero recurrió y tanto el TSJA (en 2007) como el Supremo (2011) le dieron la razón.

Cerradas todas las vías, la Junta planteó a la Sala de Conflictos de Competencias del Supremo cómo podía exigir el dinero a Boliden y esta dictó que por la vía civil y ordenó devolver el caso al juzgado 11 de Sevilla, que instruyó la primera demanda y que ahora ha fijado la fecha del juicio para el próximo año.


Según se ha señalado al término de la vista previa, el juicio se desarrollará en seis sesiones que se celebrarán los días 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de julio del próximo año y contará con la declaración de doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas.

Durante la vista, que ha durado tres horas, la Junta ha presentado un extenso informe pericial sobre la restauración ambiental realizada en la zona que ha sido impugnado por Boliden al considerar que había sido realizado por funcionarios del propio Gobierno regional, es decir, parte interesada en el procedimiento, y que finalmente no ha sido admitido por el juez.

La representación legal de la Junta ha argumentado que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas, por lo que reclama casi 90 millones de euros por la limpieza.

Por su parte la empresa minera ha lamentado el incidente pero ha defendido que el Gobierno andaluz había autorizado en 1996 el recrecimiento de la balsa que posteriormente se rompió y que ellos retiraron los lodos "de forma voluntaria", algo que les costó 80 millones de euros y que no fue cubierto por el seguro.

La reclamación de la factura al grupo sueco que explotaba la mina entonces lleva casi 25 años en un "peregrinaje judicial" -así lo definió el Supremo- que en 2015 volvió al punto de partida.

La vía penal -por la que un juzgado de Sanlúcar la Mayor llegó a imputar a una veintena de técnicos de Boliden, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente- se cerró pronto (en 2000 el juzgado la archivó y la Audiencia de Sevilla lo confirmó en 2001).

La Junta presentó entonces una demanda civil que cayó en el juzgado de instrucción 11 de Sevilla, que en 2002 la inadmitió declarándose incompetente (la Audiencia lo confirmó en 2003).

Ante ello, en 2004, el Consejo de Gobierno acordó imponer a Boliden una multa por los 89 millones para poder exigirla por la vía contencioso-administrativa, pero el grupo minero recurrió y tanto el TSJA (en 2007) como el Supremo (2011) le dieron la razón.

Cerradas todas las vías, la Junta planteó a la Sala de Conflictos de Competencias del Supremo cómo podía exigir el dinero a Boliden y esta dictó que por la vía civil y ordenó devolver el caso al juzgado 11 de Sevilla, que instruyó la primera demanda y que ahora ha fijado la fecha del juicio para el próximo año.