La Junta de Andalucía y la mina de Aznalcóllar, en estos momentos suspendida cautelarmente en lo que respecta a su Autorización Ambiental Unificada (AAU), acumula una serie de “tropezones administrativos”, como los ha denominado el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, que van desde no contestar en tiempo y forma al recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción a confundir el pueblo donde se ubica y hasta la actividad, situándola en La Rinconada y como una central de energía solar.
A pesar de eso, el titular de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, aseguró antes de un acto con la Confederación de Empresarios de Andalucía, donde les exponía su planificación en apoyo a la industria, que lo ocurrido con Aznalcóllar había sido un “tropezón administrativo” y reiteraba que la autorización ambiental no se había cancelado, augurando que "esta misma semana se reactivará” todo el procedimiento cuando se solventen los problemas administrativos “en tiempo y forma”.
Las declaraciones se producen después de que haya trascendido un nuevo error de la Junta con respecto a la tramitación del proyecto minero. Así, si la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha tardado casi dos meses en percatarse de otro error administrativo que también afecta al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar y ha tenido que corregirlo sobre la marcha en su Boletín Oficial (BOJA), después de conocerse otro fallo del mismo departamento, no responder a tiempo a un recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción, por lo que la Autorización Ambiental Unificada al proyecto de corta minera de Los Frailes ha quedado suspendida de forma automática, al menos de momento.
La Consejería que ahora dirige Catalina García se vio obligada a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 19 de septiembre una corrección de errores de la resolución de 12 de julio de 2024, aprobada por la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se dio publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para un proyecto en el término municipal de La Rinconada, provincia de Sevilla (BOJA núm. 141, de 22.7.2024).
El 12 de julio, fecha de dicha resolución, todavía era titular de la cartera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul Ramón Fernández-Pacheco.
Según el nuevo anuncio oficial, donde dice “Resolución de 12 de julio de 2024, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de La Rinconada, provincia de Sevilla", debe decir "Resolución de 12 de julio de 2024, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina y Santiponce, provincia de Sevilla”.
La resolución del 12 de julio debió referirse a la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, en concreto la corta minera Los Frailes, y de instalación de la tubería que a lo largo de seis términos municipales y decenas de kilómetros acabará vertiendo las aguas tratadas tras el procesamiento del mineral al cauce del río Guadalquivir en su margen derecha, en un punto cercano al estadio de la Cartuja.
Sin embargo, la Consejería se confundió de municipio y de proyecto e imputó a La Rinconada y a la planta solar fotovoltaica Llanos del Guadalquivir la Autorización Ambiental Unificada destinada a Aznalcóllar y al proyecto de tubería kilométrica de la corta de Los Frailes.
PLAZO SIN CUMPLIR
Este error se suma al previo con el mismo proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar. El pasado 12 de agosto de 2024, Ecologistas en Acción registró un recurso de alzada ante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada a la empresa Minera Los Frailes (MLF) (participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México) para la concesión de explotación minera de la denominada “Zona de Aznalcóllar”, que se realizará en la provincia de Sevilla, en el recinto minero de Aznalcóllar, llevando sus aguas residuales industriales mediante una tubería de 30 kilómetros pasando por Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina de la Concepción y Santiponce, provocando lo que los verdes califican de un vertido tóxico frente al Estadio de la Cartuja en la capital de Sevilla.
Pasado un mes desde esa solicitud de suspensión, la Consejería no dio ninguna respuesta. En este caso, según el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se produce la suspensión automática de la autorización, por imperativo legal, conforme a la interpretación de los verdes.
La suspensión de la AAU incluye, según Ecologistas en Acción, la suspensión de la autorización del vertido tóxico al Estuario del Guadalquivir que fue informada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la cual dirige Ramón Fernández-Pacheco desde el 29 de julio.
Ese vertido sería de 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses de la fase preoperativa, consistente en vaciar las aguas contaminadas que se acumulan en el recinto minero desde 2001, y 68.000 millones de litros de vertido tóxico durante los 17 años de la posterior fase operativa. A pesar de la depuración que anuncian, el vertido contendría metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre y zinc.
Los motivos de impugnación incluidos en el recurso de alzada de Ecologistas en Acción son: incumplimiento de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la AAU, incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados, y modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, sin información pública, desde 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años.
A juicio de los ecologistas también se ha incumplido la obligación de realizar una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental de ese vertido tóxico, a lo largo de todo el espacio protegido de Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, desde la presa de Alcalá del Rio hasta la desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda, llegando hasta el Parque Nacional de Doñana, e incluyendo los impactos en la agricultura y ganadería ribereña, en los arrozales y en la acuicultura, y en las actividades pesquera y de cría y captura de mariscos.
Tampoco se han evaluado los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena, que igualmente verterá sus aguas residuales industriales al Estuario del Guadalquivir, en La Algaba. Finalmente, para los verdes también se ha omitido en la AAU el obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la Ley 91/1978 de Doñana.
