Un acusado de ser el cerebro en un timo de 1,5 millones de euros con subastas judiciales ha culpado a una funcionaria de los juzgados, de la que no había hablado hasta ahora, de ser quien le daba las instrucciones y le facilitaba los documentos oficiales falsificados.
La Sección Cuarta de la Audiencia iniciaba ayer el juicio contra seis acusados que presuntamente se hicieron pasar por fiscales, secretarios judiciales y peritos para conseguir que 17 personas les entregaran 1.579.940 euros para afianzar futuras subastas de pisos, chalés y coches.
El tribunal ha destinado casi cuatro horas a escuchar las cuestiones previas planteadas por las defensas, entre ellas la vulneración de los derechos fundamentales de los acusados por la prolongación de su detención, para lo que intentaron hacer valer la reciente jurisprudencia de la Audiencia Nacional sobre la red china de Gao Ping.
Tal vulneración ha sido rechazada por el tribunal, así como un intento de reabrir la investigación para determinar por qué medios los acusados consiguieron un sello auténtico del juzgado de primera instancia 18 de Sevilla, lo que podría conllevar una responsabilidad subsidiaria, en el pago de las indemnizaciones, de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia.
Se trata de un sello “que puede proceder de cualquier año y supondría una tarea titánica para no conseguir nada”, ha dictaminado el presidente del tribunal.
El acusado Pedro G. C, presunto cerebro de la red, ha afirmado que una funcionaria llamada Marta, que trabajaba en la segunda planta del edificio Viapol, sede de los juzgados de lo civil, era quien le informaba de los pisos que podía ofrecer en subasta y le entregaba los supuestos documentos oficiales con los sellos del juzgado y la firma del secretario judicial.
