La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha examinado este jueves un informe del Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Hispalense Juan Torres López, en el marco de la demanda colectiva promovida contra el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado en agosto de 2013 por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla. El informe en cuestión, recogido por Europa Press, considera que la liberalización de los servicios que Mercasevilla prestaba con su plantilla en la lonja de pescado es fruto de una "convicción ideológica" y no de "un mandato de la Unión Europea", considerando que el cambio de modelo es "injustificado y contrario a los intereses" de la propia empresa.
En un prolijo informe de 32 páginas, el Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Hispalense Juan Torres examina pormenorizadamente la decisión de liberalizar los servicios que Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa, prestaba a través de su plantilla en la lonja de pescado con el consiguiente precio a los mayoristas que operan en estas instalaciones. Dicha operación, en ese sentido, es la clave de expediente de regulación de empleo promovido por Mercasevilla con el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que estipula la legislación laboral.
Y es que los despidos comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto de 2013, la jornada en la que precisamente entraba en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado del mercado central. Cabe recordar al respecto que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde precisamente al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.
EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA
En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al haber prestado con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido nunca ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.
Según las conclusiones de este informe elaborado por Juan Torres y esgrimido en el mencionado juicio por los trabajadores afectados por el ERE, la liberalización de los servicios que prestaba la plantilla "puede calificarse de totalmente injustificada y contraria a los intereses de esta empresa, del servicio público y de la sociedad en general, dados los costes implícitos y explícitos que puede tener en el futuro más inmediato y no sólo en lo relativo a la pérdida de puestos de trabajo".
Para Torres, "no es cierto" que el cambio de modelo "venga obligado por razones de competencia y mucho menos impuesto por los órganos administrativos que la regulan, como tampoco lo es que haya un mandato de la Unión Europea al respecto". En ese sentido, esgrime el catedrático que la "prueba indiscutible" de esta idea es que la liberalización de los servicios que prestaba Mercasevilla con sus trabajadores en la lonja de pescado ha dado lugar a "la aparición de un monopolio privado que tendrá los mismos posibles efectos negativos sobre la competencia que uno municipal, pero con una falta de controles o de interés público en su gestión".
SITUACIÓN "EXAGERADA"
En ese sentido, el informe expone que la "situación muy negativa" de las cuentas de Mercasevilla y su "futuro incierto" han sido "exagerados artificialmente" en el marco de "la adopción de una medida política derivada de convicciones ideológicas" que, de cualquier modo, ha supuesto "la renuncia a llevar a cabo un servicio público hasta ahora en el ámbito municipal". El informe, en ese sentido, reconoce que en los últimos tiempos, Mercasevilla "ha venido registrando una cierta mejoría en su evolución", pero considera que no media en su gestión "una voluntad decidida de garantizar la plena actividad de la sociedad en el futuro".
