La magistrada ha solicitado a la Fiscalía de Sevilla que se pronuncie sobre la petición realizada para que imputar al exalcalde y al exconcejal Alfonso Mir en la causa donde investiga presuntos delitos societarios en la gestión de Mercasevilla
La juez Mercedes Alaya ha solicitado a la Fiscalía de Sevilla que se pronuncie sobre la petición realizada por las acusaciones que ejercen el PP, Mercasevilla y la Fundación Socioasistencial Mercasevilla para que se impute al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y al exconcejal capitalino Alfonso Mir en la causa donde investiga presuntos delitos societarios en cuanto a la anterior gestión de Mercasevilla.
En un auto fechado el 22 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla da un plazo de cinco días tanto al Ministerio Público como al resto de partes personadas para que se pronuncien en relación a la petición de imputación de Sánchez Monteseirín y Alfonso Mir.
Así, la magistrada pide a las partes que se pronuncien sobre dicha imputación "teniendo en cuenta el cómputo de la prescripción en delitos conexos y que la denominada 'Carta de Manifestaciones' de fecha 17 de febrero de 2009 y su posterior actualización de fecha 31 de marzo de 2009", en función de la declaración del auditor de la lonja, José Ignacio Alonso Rivero, "se podía tratar de un documento que debía reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, pudiendo ser contrario a la realidad el contenido de la misma de conformidad con el artículo 290 del Código Penal".
Todo ello, según asevera la juez, "al omitirse en las causas del cese de Fernando Mellet como director general" que estaba "involucrado en un delito de cohecho, y todo ello teniendo en cuenta que en la presente causa, además del delito societario, se siguen actuaciones por presuntos delitos de malversación, cuyo plazo de prescripción es más elevado".
Cabe recordar que la Fiscalía de Sevilla ya dijo recientemente que no ve motivos para imputar al exprimer edil en esta causa, ya que el exalcalde de Sevilla "no sería el responsable" de la gestión supuestamente irregular y de los delitos societarios que investiga la juez Alaya en esta causa.
Las acusaciones mencionadas pidieron la imputación de ambos después de que, el pasado 18 de septiembre, José Ignacio Alonso Rivero, socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse Coopers S.L., declarara como imputado y asegurara que el equipo auditor fue "engañado", añadiendo que "es cierto" que el Consejo de Administración de esta sociedad mixta, del que formaban parte Sánchez Monteseirín y Mir, "le permitió hacer el informe de auditoría a sabiendas de que le ocultaban información relevante".
El auditor explicó que, el 17 de febrero de 2009, "el Consejo de Administración formuló y firmó las cuentas anuales y tras su formulación, en la misma sesión, aceptó 'el cese'" del director general, Fernando Mellet, "por razones personales", pero "nadie les dijo ni en esa fecha ni hasta la emisión de su informe los motivos reales por los que fue cesado". "Básicamente, la información que da lugar al cese del director son unas grabaciones de sobra conocidas en las que se pedían unas comisiones por parte de Mercasevilla", señaló.
Ese mismo día, el presidente del Consejo de Administración, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el consejero delegado, el concejal Alfonso Mir, firmaron la denominada 'Carta de Manifestaciones' a los auditores, indicando que "no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho o información que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas".
LA 'CARTA DE MANIFESTACIONES'
En su escrito, la acusación que ejerce el PP pidió la imputación de Sánchez Monteseirín y Alfonso Mir como firmantes en su condición de presidente y consejero delegado, respectivamente, de la 'Carta de Manifestaciones' aludida, considerando que la declaración del auditor "viene a corroborar" que ambos "participaron de forma activa en la comisión de los hechos delictivos que se investigan en la presente causa".
A su juicio, "de haber actuado éstos correctamente y sin engañar a los auditores, estos últimos habrían realizado un proceso forense en Mercasevilla y el resultado de su auditoría hubiese sido completamente diferente".
De su lado, Mercasevilla y la Fundación Socioasistencial Mercasevilla pidieron la imputación de ambos por su "clara y evidente" participación en los hechos investigados, "sin cuya intervención además no se podrían haber consumado los mismos"
