La Delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla tramita todavía denuncias del cuarto trimestre de 2010 en materia de protección ambiental, "debido a la falta de medios humanos y al alto número de denuncias recibidas", según figura en un informe propio de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del que se hace eco la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

   El asunto se encuadra en una actuación de oficio incoada por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, a cuenta de los "retrasos" sufridos en la tramitación de denuncias en materia de protección ambiental por parte de la Delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla.

   A través de un escrito, recogido por Europa Press, el departamento de Maeztu expone que su actuación surgió por una queja presentada a instancia de parte, en cuanto un caso en concreto, queja en la que medió un revelador informe emitido en año 2015 por la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

   Y es que este informe, textualmente, manifiesta que "la Delegación Territorial en Sevilla de esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sigue para la tramitación de los procedimientos un orden cronológico (...) Durante 2014, esa delegación ha tramitado 4.139 denuncias en materia de medio ambiente que han dado origen a 644 expedientes sancionadores. En materia de protección ambiental, se acumula un retraso importante. Actualmente están en tramitación las denuncias del cuarto trimestre de 2010, debido a la falta de medios humanos y al alto número de denuncias recibidas".

   Dado el contenido de este informe propio de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz muestra su "preocupación y sorpresa ante el extraordinario retraso que se está produciendo en la tramitación de las denuncias presentadas en la Delegación Territorial de Sevilla de esa consejería".

"DE TODO PUNTO EXCESIVO"

   "Parece de todo punto excesivo que previendo la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común unos plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos, éstos sean ampliamente superados y no de forma excepcional, sino, como parece, con un carácter habitual", avisa el área de Maeztu, según la cual "resulta de modo incuestionable, por lo manifestado en el informe de la Consejería, que hay un retraso estructural de más de cuatro años a la hora de tramitar las denuncias presentadas en materia de protección ambiental".

   "Estas extraordinarias dilaciones en la tramitación de las denuncias no son compatibles con los principios constitucionales, estatutarios y previstos en la legislación ordinaria", expone la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que advierte de que "con tales dilaciones, se puede provocar involuntariamente la caducidad de los expedientes o, en algunos supuestos, la prescripción de las infracciones, de tal forma que el carácter ejemplarizante de la sanción se diluye".

   Del mismo modo, "con estos retrasos se puede generar la idea de cierta impunidad al transcurrir plazos de tiempo tan largos desde que se formula la denuncia hasta que, en su caso, se hacen diligencias de comprobación, se tramita el expediente sancionador y se dicta la resolución".