La decisión de la Junta de paralizar el procedimiento de concesión para la reapertura de la mina de Aznalcóllar tras alertar una juez de falta de rigor y presuntas irregularidades es de carácter "político", pero no lo anula, ha explicado Ramón Escudero, el abogado de la empresa denunciante.
Ramón Escudero presentó el pasado mes de febrero una demanda por vía penal en nombre de la empresa Emérita Resources España contra la decisión de la Junta de adjudicar la explotación de la mina de Aznalcóllar al grupo Minorbis -formada por la multinacional Grupo México y la cordobesa Magtel-, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.
En declaraciones a Efe, el abogado ha dicho que su cliente no iba buscando la repercusión política que ha tenido el auto de la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, en el que constata falta de rigor en el proceso y presuntas irregularidades, pero los "tiempos han coincidido" con el debate de investidura.
No obstante, ha celebrado que "judicialmente se reconocen los hechos denunciados" por Emérita Resources.
Tras esa denuncia la juez Patricia Fernández ordenó a la policía judicial abrir una investigación y estudiar el expediente de adjudicación de la mina y, tras el informe policial, la juez dictó un auto, según el cual no se ha apreciado que la empresa ganadora "cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación".
Desde principios de esta semana, la policía judicial ha tomado declaración a técnicos y funcionarios que participaron en la mesa de adjudicación y mañana está citada la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio.
Cuando concluyan estas declaraciones, la juez se pronunciará en un nuevo auto y previsiblemente citará a declarar a los testigos que han declarado ante la policía judicial.
Ramón Escudero ha señalado que el objetivo de Emérita es que se anule la adjudicación, pero eso sólo se puede lograr por la vía penal si, al final del proceso, así lo decide la juez porque se hayan cometidos delitos.
También han recurrido los abogados de Emérita a la vía contencioso-administrativa con el mismo objetivo de que se revoque y anule la adjudicación a México-Minorbis.
En este sentido, ha aclarado que la decisión de la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, de paralizar el proceso es "política" porque no anula ni revoca nada sino que en la práctica supondrá que no se le facilitarán papeles o información a la empresa concesionaria.
Asimismo, el abogado ha lamentado que la Junta recurriera hace dos años a un tipo de concurso de adjudicación con un trámite más dilatado en el tiempo que el que se suele emplear en el resto de concursos mineros en España, ya que ha paralizado una "inversión de cien millones y miles de empleos" que tenía previsto acometer Emérita.
