La asociación conservacionista Ecologistas en Acción ha confirmado que se encuentra en proceso de estudio sobre la conveniencia de recurrir el Plan Hidrológico del Guadalquivir, por considerar que en la división física que se hace del acuífero Niebla-Posadas, que afecta a las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, se busca favorecer la dotación de agua a la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

   El responsable andaluz de la sección de Minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha señalado a Europa Press que, a juicio del colectivo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) hace una interpretación 'sui generis' de la Ley del Agua y la normativa europea.

   En concreto, Ecologistas cree que en la planificación se ha "segregado" la parte del acuífero correspondiente a Aznalcóllar, "sin que haya diferenciación física hasta que se llega al Guadiamar", actuación que cree que se ha llevado a cabo "para poder dotar de agua al proyecto".

   "Lo meten dentro de la zona Gerena-Cantillana, con un exceso de agua no contabilizada como consecuencia del paleozoico fracturado, con el objeto de beneficiar a la mina", insiste Ramos, que ha manifestado que la asociación también analiza elevar el asunto a Bruselas.

POSIBLE RECURSO DE WWF CONTRA EL DRAGADO

   No es el único recurso que afronta el plan, pues el también colectivo conservacionista WWF está en plena reflexión interna para definir si acomete algún tipo de acción legal contra el texto de la planificación hidrológica para el periodo 2016-2021 de la cuenca del Guadalquivir, recientemente aprobado por el Gobierno central, pretensión inicial en tanto que éste, ya remozado tras sentencia judicial del Tribunal Supremo y una vez superado el dictamen del Consejo Nacional del Agua, sigue incluyendo el proyecto de dragado de profundización promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla.

   La idea se está replanteando, según ha indicado a Europa Press el portavoz de WWF en Andalucía, Juan José Carmona, por la renuncia "tácita" que, consideran, se está dando por parte del Puerto al proyecto, dado que "parece que se han dado cuenta por fin de que la información de base de la que se partía era mínima y han encargado un montón de estudios".

   Aunque la asociación considera que lo idea sería fomentar la transparencia y aprovechar las infraestructuras ya existentes en este sentido, se congratula de esta tesitura para con una iniciativa que está "prácticamente muerta", si bien cree que tanto Estado como Autoridad Portuaria deberían tener la "valentía política" de "enterrarlo definitivamente".

   En concreto, la sentencia anulaba las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que hacen referencia al dragado del canal del Puerto de Sevilla, una solución que consideraba no conforme con el ordenamiento jurídico, cuya necesidad no está "justificada" y que no puede ser concebida como una medida complementaria. La CHG, de su lado, tachaba el defecto de un "error de forma" y reconfiguró el plan aprovechando el periodo de alegaciones.

   En cuanto a la Junta andaluza, ésta emitió un voto particular en el marco del Consejo Nacional del Agua para reiterar su disconformidad con algunos puntos del proyecto. Concretamente, el consejero, José Fiscal, apuntaba que el Gobierno andaluz no puede admitir la inclusión del dragado en profundización del Guadalquivir en dicho plan.