La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha tomado este jueves declaración como testigo al presidente del comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, Rafael Domínguez, dentro de la causa donde investiga presuntos delitos societarios en la sociedad gestora del mercado central sevillano, a cuenta en esta ocasión de los premios extraordinarios de jubilación percibidos supuestamente por nueve extrabajadores adheridos a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de 2003 y 2007.
Rafael Domínguez, según fuentes del caso, se habría desligado de tales premios extraordinarios de jubilación, bajo la premisa supuestamente de que fueron negociados "individualmente" por cada uno de ellos ante la empresa y no con la representación del comité de empresa.
Sobre esta misma causa, el día 26 de abril han sido citados como investigados el exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo Antonio Rivas.
Dos días después, concretamente el 28 de abril, la magistrada ha citado a declarar como investigados al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y a su cuñado Ismael Sierra, mientras que el día 3 de mayo le tocará el turno al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet.
La juez realizó estas imputaciones después de que así lo solicitara la Fiscalía de Sevilla, que considera que, una vez examinadas las actuaciones, "habría en la causa indicios" de que Mellet, "mediante el abono de facturas simuladas, satisfizo la nómina" del parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez, de José Antonio García y de María del Carmen Rodríguez, "durante el tiempo en que los tres estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario" de Lanzas. Estas empresas son 'Al Andalus Mass Media Channel', 'Maginae Solutions' y 'Consulting Social Siemur'.
El fiscal, Juan Enrique Egocheaga, solicitó que, "a la mayor brevedad" y "teniendo siempre en cuenta la carga de trabajo actual del Juzgado", se practicaran una serie de diligencias "con la finalidad de determinar el grado de participación de las restantes personas implicadas", entre ellas que se tomara declaración "a las tres personas que fueron empleadas y cuyas nóminas fueron pagadas indebidamente con fondos públicos".
"Existiendo indicios de que los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna, tal declaración debe hacérseles, ante la perspectiva cierta de ser objeto de preguntas incriminatorias, bajo la previa condición procesal, no de testigo, sino de imputado, pues sólo así se le preservan, asistido de letrado y con la instrucción del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos sus derechos y garantías procesales", aseveraba la Fiscalía.
De este modo, solicitó a la juez que tomara declaración como imputados a José Antonio García y a la nuera de Rivas y, en el caso de Carmelo Gómez, pidió que se oficiara al Parlamento de Andalucía "para que certificara la actual condición de parlamentario del mismo" y, en caso afirmativo, "dado el fuero", se elevara por parte de la juez exposición razonada al TSJA "por considerar que la instrucción penal de los hechos en los que ha participado el diputado autonómico Carmelo Gómez corresponde a su Sala de lo Penal, siendo perfectamente escindibles del resto de las actuaciones".
El Ministerio Público, entre otras diligencias, también pidió a la juez que ampliara la imputación de Lanzas y de su cuñado, Ismael Sierra, "en su condición de dueños reales de las tres empresas, al existir indicios de que colaboraron en los hechos atribuidos a Fernando Mellet, recibiendo los fondos de Mercasevilla, mediante el sistema de facturas falsas, y destinaron de manera específica parte del dinero al pago de las nóminas" de las tres personas citadas.
