Los dos últimos alcaldes de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y el popular Juan Ignacio Zoido, han coincidido en sus declaraciones ante la comisión de investigación de los contratos de Fitonovo en que ninguno de los dos tuvieron conocimiento de ninguna de las prácticas irregulares que rodearon a esta empresa, además de intentar dejar muy claro que ni PSOE ni PP financiaron con mordidas ni de la trama de empresas ni de los funcionarios implicados.
La última sesión de comparecencias, al menos por ahora, ha tenido dos principales protagonistas, Monteseirín y Zoido, y un secundario, el exdelegado de Empleo y miembro de la comisión de Fitonovo por el PP, Gregorio Serrano, cuya intermediación en el arreglo del parque infantill de la Comandancia de la Guardia Civil de Montenquinto pro parte de Fitonovo ha estado planeando toda la sesión.
Y las alusiones e insinuaciones al cumplimiento ético, la falta de claridad en la declaración de bienes o si entraba en las funciones de un delegado mediar con instituciones y empresas ha terminado por hacer explotar a Serrano, que han increpado duramente al representante de Participa, Julián Moreno, acusándolo de levantar falsos testimonios contra él y machar su honor y reputación.
Aunque con sus particularidades, con mucho oficio Monteseirín y con mucha tranquilidad Zoido, ambos exalcaldes han defendido que nunca sospecharon de cualquier irregularidad en la actuación de los implicados, el primero de ellos con Enrique Domingo Castaño, Manuel Gómez Lobo o Fernando Mellet, y el segundo con Francisco Amores o Joaquín Peña, y en ambos casos han dejado muy claro que sus respectivos partidos no se financiaron a través de ninguna de las tramas ni recibieron regalos.
"Hay fallos y errores pero la administración funcionaba de una manera acorde", defendía Monteseirín, que reiteraba que si hubiera tenido "el menor atisbo, habría actuado para extirparlo de raíz". El socialista tuvo que defenderse ante las preguntas sobre Gómez Lobo (si hubiera habido irregularidades con los fraccionamientos de los contratos lo habría alertado el funcionariado), Castaño (ordenó su readminisión en la Fundación porque así lo decía un informe jurídico) o Mellet (fue la Policía Judicial la que le pidió discreción y presentó su dimisión -su cese de la sociedad Mercasevilla ya estaba propuesto- una hora antes de conocer su imputación) y salió airoso del interrogatorio, especialmente cuando Gregorio Serrano constató que, si hubiera alguna responsabilidad penal, estaría imputado por ello.
Parte de la discusión (al margen del diálogo sobre la Ley de las Grandes Ciudades con Serrano), se centró en la actuación del exalcalde una vez saltaban los casos de corrupción, especialmente cuando buena parte de ellas se centraban en el Distrito Macarena, extremo al que Monteseirín no supo dar respuesta. Y ante las críticas del representante del PP por no saber aprender de los errores y establecer los mecanismos correspondientes para evitar nuevos casos, Monteseirín defendió que sí se habían dado pero "por mucho que profesionalicemos, el que quiera hacer las cosas por debajo de la mesa, lo va a hacer".
Zoido y sus obsesiones
Juan Ignancio Zoido, sin embargo, sí quiso dejar muy claro que él estaba "obsesionado" con la transparencia, la publicidad y la libre concurrencia, motivo por el que puso en marcha el sistema Factum, que incluye información de todos los contratos, incluso los menores, aunque reconoció que, operativamente, a los pocos meses tuvieran que limitarlos a los de más de 6.000 euros.
Y en esa obsesión, cuando saltó la operación Madeja y se imputó a Joaquín Peña tomó una de las medidas "más duras y tristes" que ha tomado, su cese, y, además, cuando se levantó el sumario y se comprobó que Francisco Amores decía tener en una caja documentación que le comprometía, le puso una querella y "se desdijo".
De Peña sólo sabía que era "riguroso" porque se lo habían dicho los hosteleros y nunca le llegó ningún comentario ni sospecha, ni siquiera de las denuncias de incumplimiento de las concidiones laborales de las empresas adjudicatarias. Menos aún de Amores. Y de Fitonovo, sólo supo querían invertir y que ni siquiera presentó sus propuestas a Urbanismo, a quien Serrano había remitido tras su reunión antes de su intermediación para el parque infantil de la Guardia Civil de Montequinto.
Inevitablemente, las preguntas se derivaron al papel de Serrano como intermediador de la Guardia Civil de Montequinto y Fitonovo, así como la idoneidad de que un representante público interceda o haga favores con instituciones y la escasa información que el exdelegado ofreció sobre sus bienes, que hubiera aclarado si su interés por mediar tenían algo que ver o no con el hecho de que la mujer de Serrano se dedique al sector de las escuelas infantiles.
Ante un visiblemente incómodo Serrano, Zoido defendió la actuación "de buena fe" de su exdelegado (y de camino, de todo su equipo), la diferencia entre hacer favores y servir a los ciudadanos o a las instituciones, reiteró en varias ocasiones que aquella reunión con Fitonovo lo que dejó bien claro es que ni el PP ni su equipo de Gobierno iban a pedir nada como hacía sugerido Amores, y el único apunte contrario a la actuación de Serrano fue un lánguido "yo no lo hubiera hecho" tras insistir una y otra vez que las declaraciones que realizó el exdelegado había que entenderlas "en su contexto".
Las preguntas derivaban hacia la declaración de bienes de miembros de la Corporación, sin nombrar directamente a la de Serrano, pero dando a entender que había sido escasa la información ofrecida en la del exdelegado. Cuando quien preguntaba era Julián Moreno, de Participa Sevilla, Serrano lo interrupió brucamente acusándolo de levantar falsos testimonios y manchar su honor y reputación. "Mi declaración era correcta, no le voy a permitir que siga mintiendo", decía un airado miembro de la comisión de ínvestigación a otro bajo la tónita mirada del presidente eventual que sustituía a Juan Manuel Flores, ausente por motivos de agenda.
