La Delegación de Fiestas Mayores tenía conocimiento formal, desde el 26 de enero de 2016, de que había “indicios de la comisión de delito de prevaricación y malversación” en la actuación de Rafael Carretero, todavía jefe del servicio de Fiestas Mayores, por lo que el Gobierno municipal no puede alegar que desconociera los hechos investigados, como apuntó el pasado martes el portavoz municipal, Antonio Muñoz. Desde aquel momento, el Ayuntamiento pudo optar, aunque supeditado siempre al proceso judicial, por continuar con el expediente administrativo incoado a Carretero por el anterior Gobierno municipal y apartarlo del departamento de Fiestas Mayores, según establece el artículo 94 del Estatuto Básico del Empleado Público.
El 26 enero de 2016, tres meses antes de la celebración de la última Feria de Abril, la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento recibió una comunicación de la Fiscalía de Sevilla (que se reproduce en estas páginas) en la que le requería documentación sobre los trabajos de la UTE RMD Coyma (encargada de la seguridad) durante la Feria de 2014. Además de requerirle la documentación, sí que confirma la Fiscalía que obran datos de los que “se desprenden indicios de la comisión de delito de prevaricación y malversación” por las que se abrieron diligencias de investigación en 2015.
Por tanto, la Delegación de Fiestas Mayores, que recibió el escrito, y por tanto el Gobierno socialista, tuvieron conocimiento tres meses antes de la edición de este año de la Feria de que había indicios formales de la comisión de esos delitos, por lo que Antonio Muñoz, como portavoz municipal, no puede alegar desconocimiento, como así hizo el pasado martes en unas declaraciones a Europa Press en la que consideraba “ridícula” la petición de responsabilidades políticas por mantener a Carretero en la estructura de Fiestas Mayores.
Frente a la tesis municipal, que sostiene que “ni el juzgado, ni la fiscalía, ni los servicios jurídicos del Ayuntamiento han indicado a este gobierno que sea necesario tomar alguna medida cautelar”, lo cierto es que artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público recoge que “las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio (...) sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones”. Es decir, la existencia de una actuación judicial no impide la administrativa, aunque la segunda se supedite siempre a la primera.
Según fuentes jurídicas consultadas por Viva, en el caso de Carretero, al existir una investigación interna en el Ayuntamiento que se remonta al anterior mandato, “hubo de incoar expediente disciplinario, con suspensión provisional, ya que por aquella fecha no había procedimiento judicial abierto sobre los hechos investigados por el Ayuntamiento”, que se formalizaron judicialmente una vez que la Fiscalía denunció los hechos el 12 de abril.
Con la legislación laboral y el reglamento municipal en la mano, las fuentes jurídicas consultadas consideran que, ya que el órgano competente podría actuar de oficio para iniciar el procedimiento sancionador, se acredita una “negligencia absoluta del anterior equipo de Gobierno y el actual, y una duda sobre la existencia o no de indicios de connivencia con el señor Carretero”.
Ciudadanos insiste
Las declaraciones tanto de Muñoz como posteriormente del alcalde, Juan Espadas, considerando ridícula la petición de responsabilidades políticas al delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, no han sentado nada bien en el grupo Ciudadanos, cuyo portavoz, Javier Millán, considera que son “ataques sin fundamento y rigor”.
Millán ve “inaudito” que el gobierno “no sepa o no quiera” diferenciar la responsabilidad disciplinaria de la penal, “dos vías totalmente distintas y complementarias”, apuntando que “abrir un expediente disciplinario no vulnera la presunción de inocencia”.
Para Millán, la teoría del PSOE se desmonta cuando “sin mediar causa penal alguna, se ha abierto expediente disciplinario precisamente contra el funcionario que denunció ante Intervención las irregularidades de Carretero”, apuntando que otros Ayuntamientos como los de Valencia, Granada o Marbella lo hicieron en casos similares
Ante todo esto, Millán reitera la petición de dimisión de Cabrera y exige al alcalde que “actúe como le corresponde al máximo responsable público en Sevilla, deje de mirar para otro lado y dé la cara con explicaciones claras a los sevillanos”.
