El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado la importancia de haber impulsado la elaboración y aplicación de un Reglamento regulador del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que, "hoy por hoy, ha contado con el respaldo de todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla y de las tres entidades locales autónomas".

Tras un largo proceso de elaboración, debate y presentación con todos y cada uno de los técnicos municipales responsables del servicio, el citado reglamento comenzó su aplicación, con carácter experimental, en la financiación del segundo semestre de 2015, tal como informa la Diputación sevillana en un comunicado. Previamente, en coordinación con los distintos técnicos municipales se realizó una puesta al día de los usuarios que eran atendidos en cada municipio a fecha 30 de junio de ese año.

Según ha explicado la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, Lidia Ferrera, la aplicación del Reglamento se hizo efectiva el 1 de enero de 2016 y en estos días se ha finalizado la financiación del primer semestre de este año, donde se han incluido todos los usuarios que comenzaron el servicio a partir del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015, por lo que ya se cumple un año desde que se puso en marcha con carácter experimental. Un periodo que permite evaluar, como ha expresado Ferrera, su desarrollo y realizar una comparativa con el anterior modelo de financiación del Servicio.

La diputada provincial ha puesto de relieve la necesidad de regular este servicio porque afectaba a un gran número de usuarios y de recursos económicos y en el que, además, existía una gran diversidad en su desarrollo y gestión entre los distintos municipios, de nula o escasa regulación en los mismos, existiendo contadas ordenanzas reguladoras municipales y ordenanzas fiscales.

El objetivo, según Ferrera, ha sido aplicar la normativa reguladora existente en la Comunidad Autónoma en los municipios de "nuestro ámbito competencial", asimilando este servicio al que se presta a través de la Ley de Dependencia, "garantizando una prestación, regulación de acceso, intensidad, financiación, derechos y deberes de los usuarios sean del municipio que sean".

UN AÑO DE APLICACIÓN, RESULTADOS POSITIVOS

Desde el punto de vista normativo regulador, a fecha de 30 de junio de 2015 existían 27 municipios sin ordenanza fiscal reguladora de este servicio. "A fecha de hoy, no hay ningún municipio sin esta ordenanza. Con ordenanza fiscal por debajo de 13 euros del coste del servicio, había 27 municipios, hoy sólo quedan siete, lo que ha supuesto una mejora sustancial en la financiación del servicio en los ayuntamientos que revisaron sus ordenanzas", ha explicado la diputada provincial.

Por su parte, Villalobos ha recordado que "la ley y el sentido común obligan a que los servicios públicos estén regulados en su financiación". Así, la Ley de Dependencia regula un copago por parte de los usuarios en aquellos casos que corresponda y la normativa autonómica regula un copago para el servicio sea cual sea su vía de acceso.

Además, señala que sin ordenanza reguladora del servicio había 38 municipios, mientras que hoy existe un reglamento que reconoce derechos y deberes de los usuarios, "regula un sistema de acceso y de financiación igual para todos, garantizando un trato igual y no dependiendo del responsable de turno", ha asegurado Villalobos.

FONDOS TRANSFERIDOS A LOS AYUNTAMIENTOS

Los fondos transferidos a los ayuntamientos en el primer semestre del año 2015 --con financiación a través de módulos con el sistema anterior al Reglamento-- alcanzó la cifra de 1,9 millones de euros. Con el sistema nuevo, el reglamento, en el segundo semestre del mismo año la cifra se elevó a poco más de dos millones de euros (100.107 euros más) y los fondos transferidos en el primer semestre de 2016 han sido de 2,1 millones de euros (163.350 euros más).

Indica que esto significa que con el nuevo sistema de financiación la inversión se ha incrementado en 263.457 euros para los ayuntamientos, "o lo que es lo mismo, 47 municipios vieron incrementada la financiación sólo del primer semestre de 2015 al segundo del mismo año".

Villalobos ha hecho hincapié en que se está hablando del servicio dentro del Plan Concertado y no de Dependencia puesto que "nunca la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio Concertado ha tenido 42 millones de euros disponibles como algunos responsables políticos municipales afirman, y ha argumentado que esa cantidad podría obtenerse de añadir los fondos del Servicio de Ayuda a Domicilio de Dependencia, y ni así", ha aseverado el mandatario provincial.

UNOS 2.650 USUARIOS ATENDIDOS

A fecha de 30 de junio de 2015 se financiaron 2.779 usuarios y los ayuntamientos atendieron a 444 usuarios más, que no se financiaban por motivos como duplicidad de prestaciones con el sistema de dependencia o prestaciones de actuaciones de carácter doméstico únicamente en unidades familiares de más de un miembro, entre otros.

En el primer semestre de 2016 se han financiado a 2.650 usuarios y el número de usuarios no financiables se ha reducido a 235. Actualmente, hay 18 municipios que no han tramitado ningún alta nueva desde el 1 de enero, pero sí han comunicado bajas, por lo que el número de usuarios financiables debe ser mayor que el señalado.

Igualmente, en los últimos doce meses ha habido una reactivación de las altas en el SAD de Dependencia, lo que puede provocar una disminución de los usuarios en SAD Concertado, sobre todo en los municipios donde se ha priorizado el sistema de Dependencia (de 3.127 a 3.328).

Desde el pasado 1 de enero de este año se han presentado en el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación un total de 510 solicitudes de alta en el SAD Concertado, de éstas se han aprobado 366 (72%). Pendientes de aprobar, en lista de espera, hay 134 (26%) y diez han sido denegadas (2%).

De estas últimas, tres han sido por informe desfavorable de los propios técnicos municipales y siete por no cumplir los requisitos de acceso del reglamento, es decir, no llegar a la puntuación mínima del baremo o tener duplicidad de prestaciones con otros sistemas --Dependencia-- y urgencias, que se han derivado a la vía de acceso ordinario. Además, existen 73 expedientes pendientes de subsanación de documentación.