El pleno del Ayuntamiento hispalense, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción conjunta del PP y Participa Sevilla, que merced a la orden judicial de suspensión cautelar de la licencia de obras concedida para la restauración y adaptación de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), el alcalde y el concejal de Urbanismo se reúnan con los promotores del litigio, al objeto de llegar a un "consenso" sobre la posición del Consistorio y lograr "una solución definitiva con todas las garantías patrimoniales".

La moción reclama que, ante el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve dentro la impugnación de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) contra dicha licencia de obras, el alcalde y el concejal de Urbanismo se reúnan con los grupos municipales para tratar "las líneas de actuación" a seguir respecto al futuro del monumento. Además, se propone una reunión del primer edil y el responsable de Urbanismo con Adepa y otras organizaciones conservacionistas, para llegar a un "consenso" sobre la posición del Consistorio, al objeto de lograr "una solución definitiva con todas las garantías patrimoniales".

Durante el debate plenario, intensamente crispado, PP y Participa han señalado el contenido del citado auto judicial, mientras el edil de Urbanismo, Antonio Muñoz (PSOE), ha recordado que la licencia de obras está avalada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y denegarla habría sido incurrir en "prevaricación". Muñoz, además, ha criticado duramente a Participa por promover una moción junto al PP, lamentando el apoyo a las "asociaciones que quieren fosilizar la ciudad".

Javier Millán, por Ciudadanos, ha recordado que por muchas reuniones que se promuevan, el conflicto "está judicializado" y hay que esperar a la resolución del litigio, mientras PP y Participa han censurado las duras recriminaciones de Muñoz y han asegurado que el asunto no ha contado con suficiente participación.

La presidenta del pleno, la concejal socialista Carmen Castreño, ha llamado varias veces a "guardar el orden" a cuenta del grado de crispación reinante entre los grupos, toda vez que finalmente, la moción ha prosperado por unanimidad.

El recurso de Adepa, formalizado el pasado 27 de mayo y recogido por Europa Press, se dirige contra "la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada" interpuesto por la asociación ante el Ayuntamiento, precisamente contra la concesión de la citada licencia de obras. Del mismo modo, se dirige también contra "la Consejería de Cultura" porque la citada licencia de obras "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".

En su argumentación, y entre diferentes aspectos, Adepa señala "la irreversibilidad de las obras que se pretenden acometer, especialmente en la fase inicial de refuerzo de la cimentación, preceptiva y previa para acometer la obra", tratándose las Reales Atarazanas de un recinto declarado monumento histórico artístico y bien de interés cultural, según recuerda el colectivo.

SUSPENSIÓN CAUTELAR

En su recurso, Adepa solicitaba además la apertura de una "pieza separada" destinada a resolver su petición de que, como medida cautelar, fuese suspendida la mencionada licencia de obras. "Podemos encontrarnos ante una futura y contradictoria situación en la que se estime nuestro recurso declarando la ilegalidad de la obra y, sin embargo, no se pueda ejecutar la sentencia por los daños irreversibles producidos sobre el edificio", avisaba Adepa a la hora de solicitar dicha medida cautelar.

En esa pieza separada, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha emitido un auto, recogido por Europa Press, en el que admite la medida cautelar solicitada por Adepa y suspende la citada licencia de obras, porque "la ejecución de las obras afectarían de forma irreversible al edificio" y, de ser iniciada la obra pero prosperar el fondo del recurso de la organización conservacionista, "el recurso perdería la finalidad al pretender la protección y conservación del edificio, que no se podría asegurar".

El auto detalla, entre otros aspectos, que el proyecto en cuestión contempla "128 perforaciones" sobre las pilastras del monumento, elemento "esencial" del mismo, con lo que "es indudable que, de ejecutarse la obra y dictarse una hipotética sentencia estimatoria, el daño ya ser habría hecho y sería imposible de reparar". La hipotética extracción de las 128 barras en las pilastras asociadas a tales perforaciones, según el auto, "dejarían inevitablemente huella sobre el edificio, que quedaría marcado para el futuro", por lo que "dada la singularidad del edificio y la afectación que podría sufrir, prevalece el interés residente en la protección" del monumento.

"La instalación de los micropilotes afectaría a los yacimientos arqueológicos, en cuanto a que supondría atravesar verticalmente el suelo, con 289 perforaciones, desconociendo lo que hay en su interior", abunda el auto, según el cual los micropilotes "afectarían a los restos arqueológicos" y aunque podrían ser desmontados, "dejarían señales en el edificio y podrían destruir restos arqueológicos". Así, el juzgado justifica la adopción de esta medida cautelar, exponiendo que debe "prevalecer el interés general de la protección del patrimonio histórico, frente al interés de la ejecutividad de los actos administrativos".