El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha devuelto al juzgado de instrucción 6 de Sevilla la causa respecto al diputado socialista andaluz Carmelo Gómez para que la juez concrete los hechos que se le imputan, por lo que aún no abrirá el procedimiento penal contra el político.
La decisión del TSJA se produce después de que la juez les enviara, en noviembre pasado, una exposición razonada por la posible implicación de Gómez en el cobro de 8.390,55 euros en 2007 de Mercasevilla con un contrato que podría ser simulado.
Sin embargo, la sala Civil y Penal del TSJA explica en un auto difundido hoy por el Alto Tribunal que, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, necesitan conocer las posibles conductas delictivas del diputado, y por tanto aforado, antes de decidir sobre la apertura o rechazo de la investigación penal contra él.
Por ello, pide que "la Jueza Instructora precise en su exposición razonada qué hechos podrían dar lugar, si así lo considera acreditado, a la investigación del aforado".
"Se hace indispensable que, en primer lugar, se depuren cuantas diligencias de investigación sean necesarias para completar la investigación y, en segundo lugar, en relación con lo anterior, aparezcan y se indiquen indicios racionales de criminalidad de la participación en los hechos del aforado", explica el TSJA.
La sala considera que "no basta, por tanto, con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado".
Resulta indispensable que la juez que "pretende declinar su propia competencia, exponga las razones que determinarían el inicio por este Tribunal del procedimiento especial" contra el diputado, según el TSJA.
"Y esa exposición razonada ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con la provisionalidad que es propia del actual momento procesal, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos", concluye el TSJA.
En la exposición razonada, la juez dijo que existían "indicios racionales de criminalidad" respecto al diputado, quien, junto a otras seis personas más, habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
La juez afirmó que el contrato del parlamentario y miembro de la ejecutiva del PSOE-A, que le hizo una empresa del "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, pudo ser simulado y no respondía a actividad laboral real alguna.
Añadió la instructora que el dinero que cobró fue abonado con fondos procedentes de Mercasevilla "mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".
En la exposición razonada, la juez incluyó al exconcejal de Sevilla José Antonio García (PSOE), al exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, a Lanzas, a su cuñado Ismael Sierra; a Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al gestor José Rodríguez López.
Gómez, de 48 años, secretario de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A y presidente de la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento autonómico, estuvo dado de alta en la sociedad Maginae Solutions SL durante 133 días de 2007, entre el 22 de marzo y el 1 de agosto, precisó la juez.
En ese periodo cobró 4.705,85 euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros por rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, según la juez, que continúa una investigación iniciada por su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.
