Después de que el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla suspendiese el juicio previsto para el 26 de mayo contra la alcaldesa de Almadén de la Plata, Felicidad Fernández (PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa derivado de la contratación de dos personas supuestamente de manera "unilateral" y "sin procedimiento alguno", tratándose una de estas personas de un familiar de la primer edil, dicho juicio será celebrado en diciembre por la Audiencia Provincial.
En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia el próximo 12 de diciembre, toda vez que esta vista oral estaba pendiente de señalamiento después de la suspensión dictada el pasado mes de mayo.
La causa judicial deriva de la denuncia formulada por la propia Fiscalía en octubre de 2015, después de que los concejales de Unidos por Almadén elevasen al Ministerio Público las mencionadas contrataciones, realizadas por Felicidad Fernández poco después de desembarcar en la Alcaldía al ganar por mayoría absoluta las elecciones municipales de 2015.
Fruto de la denuncia de la Fiscalía, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra abrió las correspondientes diligencias, tomando declaración a la alcaldesa en calidad de investigada, examinando los dos contratos de trabajo en cuestión y tomando declaración como testigo al secretario interventor del Ayuntamiento de Almadén.
A juicio
Después de practicar las citadas diligencias, la citada instancia judicial emitía el 1 de marzo de 2016 un auto recogido por Europa Press, ordenando la continuación de la causa por el trámite del procedimiento abreviado.
En dicho auto, la juez instructora consideraba que de la investigación de los hechos "se desprende que Felicidad Fernández, en su condición de alcaldesa de Almadén de la Plata desde el 13 de junio de 2015, contrató el 19 de junio de 2015 a J.O.F., familiar suyo, para que prestase servicios en el Ayuntamiento como agente de dinamización juvenil, firmando un contrato laboral de duración determinada", y tres días después contrató a J.A.B.V. "como coordinador del proyecto Ribete a jornada completa, cuando la subvención base del contrato era para un contrato a media jornada".
"Estas contrataciones se llevaron a cabo por la señora alcaldesa de forma unilateral y sin sujeción a procedimiento administrativo alguno", exponía la juez instructora en su auto de procedimiento abreviado, apreciando un posible delito de prevaricación administrativa.
