El Arzobispado pretende, invocando el convenio firmado por ambas partes durante el mandato de Monteseirín (9 de noviembre de 2001), que el Ayuntamiento le financie con el menos tres millones de euros (500 millones de las antiguas pesetas)  obras en la iglesia del convento de Santa Clara, que ejecutaría la Archidiócesis pero sin haber transmitido previamente al Consistorio la titularidad del monasterio, lo cual ha suscitado la rotunda oposición de Participa e IU.

Recapitulemos, siquiera sea someramente. Durante los gobiernos de coalición PP-PA y expirando el mandato de Soledad Becerril, el 28 de diciembre de 1998 la Archidiócesis y la Gerencia de Urbanismo firmaron un acuerdo de cesión de uso de parte del convento para el proyecto de museo de la ciudad que impulsaba Rojas Marcos, a cambio de un derecho de superficie a favor de la Iglesia sobre un inmueble municipal colindante y sito en la calle Jesús del Gran Poder, para la construcción de una residencia sacerdotal.

Tres años después, ambas partes acordaron dar un paso más y convertir el convenio de usos en una compraventa. En virtud de la cláusula, el precio de compra del convento de Santa Clara (exceptuando la iglesia y zonas anexas, cuya propiedad mantenía el Arzobispado para usos religiosos y asimilados) se pactó de mutuo acuerdo en 349.025.095 pesetas. Dado que el euro entró en vigor menos de dos meses después, esa cifra se podía traducir en 2.097.683 euros.

Y atención al párrafo siguiente: “La citada cantidad se entiende como máxima a todos los efectos, incluyendo todos los derechos que puedan ser indemnizables con motivo de la presente transmisión”.

Destino

Según la estipulación tercera, el dinero se dedicaría fundamentalmente a rehabilitar el Palacio Arzobispal. La Archidiócesis presentaría las certificaciones de las obras que allí se realizaran y el Ayuntamiento las pagaría en el plazo de un mes.

En virtud de la estipulación sexta el Ayuntamiento se comprometía a ejecutar la rehabilitación de “la totalidad del monasterio de Santa Clara, a fin de destinarlo a los usos que determina el planeamiento urbanístico de la ciudad y, en particular, a usos culturales o museísticos”.

Se añadía que dicha rehabilitación se haría según el plan de necesidades elaborado por la Diócesis para la intervención en las dependencias de su propiedad…”

Conforme a las estipulaciones octava y novena, la Diócesis se obligaba a formalizar en escritura pública en el plazo de dos meses (vencía el 9 de enero de 2002) la transmisión de la propiedad del convento al Ayuntamiento, y en la parte no cedida se harían constar las servidumbres de paso y otras.

Carta del arzobispo

Existe un documento fechado el 24 de septiembre de 2001 (un mes y medio antes de la compraventa del convento) en el que el entonces arzobispo, monseñor Amigo, informó al Vaticano de la inminente operación, en los siguientes términos: el Ayuntamiento financiaría las obras de rehabilitación del Palacio Arzobispal por un importe de 350 millones de pesetas, rehabilitaría y restauraría la iglesia y sacristía (incluyendo el coro, la espadaña y el porche y que los arquitectos del Arzobispado han valorado en 95 millones de pesetas (570.961 euros), así como la zona de locutorios.

Exponía Carlos Amigo que según la estimación de los peritos de la Archidiócesis el valor total de la zona del monasterio que sería cedida al Ayuntamiento para museo de la ciudad ascendía a 542.603.829 pesetas (3.261.1124 euros), “cifra que al Arzobispado parece bien compensada -afirmaba- por el costo de las obras de restauración a las cuales se compromete el Ayuntamiento y por los solares que a su vez el mismo cede a la Archidiócesis”.

¿Solares? ¿Qué solares? En el convenio de compraventa firmado oficialmente por el entonces delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, y el vicario general de la Diócesis, Antonio Domínguez Valverde, no se dice nada sobre solar alguno.

¿Por qué? Volvamos al documento informativo de Carlos Amigo al Vaticano, punto 5, donde expresa lo siguiente: “No se relaciona por escrito con esta operación, aunque el Ayuntamiento lo aporta como parte de la contraprestación, la cesión por su parte de un nuevo solar de la ciudad para la construcción de un nuevo complejo parroquial y, además, pone a disposición otro solar, contiguo al Seminario diocesano, para instalaciones deportivas del mismo”.

Así pues, la Archidiócesis valoraba en 542.603.829 pesetas (3.261.114 euros) el convento de Santa Clara que le transfería al Ayuntamiento, pero en el documento de compraventa aparecen sólo 349.025.095 pesetas (2.097.683 euros). Es una operación con una minusvalía para ella de nada menos que 193.578.734 pesetas (1.163.431 euros) en tan sólo mes y medio.

¿Por qué habría aceptado aparentemente perder esa jugosa cantidad de dinero? En la carta de monseñor Amigo radicaría la explicación: porque valoraba en 95 millones de pesetas (570.961 euros) la futura restauración de la iglesia del convento y aledaños a que de forma ambigua o genérica se comprometía el Ayuntamiento en la estipulación sexta del convenio y, presuntamente, en 97 millones de pesetas en números redondos (582.981 euros) los dos solares a que el gobierno de Monteseirín se habría comprometido a entregarle bajo cuerda.

De esa manera, políticamente el Ayuntamiento podía rebajar ante la opinión pública el coste de la operación a 349 millones de pesetas en vez de a 542 millones, el valor otorgado por la Archidiócesis al convento de Santa Clara.

Comunicado

Hace unos días, la Archidiócesis emitió un comunicado en el que decía que “una vez se materialicen todos los compromisos y obligaciones por parte del Ayuntamiento, tanto el Consistorio como la Archidiócesis procederán a formalizar el cambio de la titularidad de ambas fincas en el Registro de la Propiedad”, en alusión a que antes el Consistorio debe restaurar la iglesia del convento.

Sin embargo, esa condición no figura en el convenio de compraventa, ya que la Archidiócesis se comprometió a escriturar el convento en favor del Ayuntamiento en el plazo de dos meses (9 de enero de 2002), pero lleva casi 17 años incumpliendo el trato.

Por lo que al Ayuntamiento se refiere, según las fuentes consultadas habría pagado todas las certificaciones de obra presentadas sobre el Palacio Arzobispal. Más que de rehabilitación, de despachos, archivos y dependencias administrativas, e incluso hizo obras en parroquias del extrarradio porque era donde la Archidiócesis tenía necesidades pastorales.

Puntos oscuros

Llegados a este punto alguien debe aclarar si la Corporación municipal cedió o debe ceder aún, en virtud de ese pacto de mesa camilla sin constancia por escrito al que se refería monseñor Amigo, solares al Arzobispado: cuáles y dónde.

En segundo lugar, por qué Urbanismo prepara la entrega de 3 millones de euros (500 millones de pesetas) más a la Archidiócesis si según la estipulación segunda del acuerdo de compraventa los 349 millones de pesetas (2.097.683 euros) eran “la cantidad máxima a todos los efectos, incluyendo todos los derechos que puedan ser indemnizables”.

Aunque se interpretara que quedaría pendiente la restauración de la iglesia del convento, conforme al escrito de monseñor Amigo la Archidiócesis la valoró en 95 millones de pesetas (570.961 euros), cantidad que con la actualización del IPC acumulado desde 2002 (un 32,9%) equivaldrían a 758.807 euros, pero no a 3 millones.

La restauración de la iglesia no es prioritaria, ya que según los técnicos consultados, salvo en algunos puntos y en líneas generales está en buen estado de conservación. Lo auténticamente urgente es la rehabilitación de la mitad pendiente del convento que compró el Ayuntamiento y que está en ruinas.

Sería poco comprensible que el gobierno local destinara 3 millones a limpiar de excrementos de palomas (el problema invocado para tratar de justificar la urgencia de la operación) la iglesia retenida por la Archidiócesis sin que ésta ni siquiera haya transferido la titularidad del convento pese a que habría cobrado la cantidad estipulada en el convenio en forma de pago por otras obras.

A ver cómo justifica el gobierno socialista de Espadas la inyección de más dinero en un patrimonio jurídicamente privado mientras deja caerse la mitad del convento que compró con el dinero de todos los sevillanos y cuya inmatriculación nadie del Ayuntamiento ha exigido en todos estos años.