La Gavidia saldrá a licitación por unos 12 millones de euros

Publicado: 11/03/2019
La Junta de Gobierno aprueba la licitación con el uso preferente de equipamiento, según ha informado el Ayuntamiento
Después de que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobase inicialmente, con el voto a favor de PSOE y PP, la abstención de Cs y el rechazo de Participa e IU, la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia para que el edificio admita usos terciarios, la junta de gobierno ha aprobado este lunes que la licitación del inmueble se ciña a siete criterios como el uso "preferente" de equipamiento, la cesión al Consistorio de espacios "polivalentes", la "calidad arquitectónica" del proyecto o la oferta económica, que contará con un precio de salida que rondará los "12 o 13 millones de euros.

En rueda de prensa, el concejal de Cultura y Hábitat Urbano del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz, ha dado cuenta del acuerdo adoptado por la junta local de gobierno con relación a la futura "enajenación" de la antigua comisaría de la Gavidia, enclavada en el número 2 de la céntrica plaza de la Concordia y de titularidad municipal desde que fuera cedida al Consistorio por el Ministerio de Interior.

Al respecto, ha recordado que la nueva recalificación urbanística acometida sobre el inmueble, para que deje de estar considerado como suelo de interés público y social y admita usos terciarios, permitirá desde usos hoteleros o de oficinas, a equipamientos de carácter sociocultural, sanitario o deportivo o "espectáculos públicos", así como la división del espacio entre un "uso principal" que abarque el 80 por ciento de la superficie y un "uso coadyuvante al principal" en el resto del edificio.

En ese sentido, ha explicado que el acuerdo adoptado este lunes comprende el inicio de la "enajenación" del inmueble una vez sea aprobada definitivamente la recalificación del mismo, extremo que a su juicio ocurrirá durante el último trimestre del año, correspondiendo a la Gerencia de Urbanismo la tramitación de la licitación.

El acuerdo aprobado, además, incluye el compromiso de que la licitación y por ende los pliegos del futuro concurso incluyan siete criterios conforme a los valores patrimoniales del edificio, ubicado en pleno centro neurálgico de Sevilla capital y para el cual la Junta de Andalucía promueve un procedimiento para su inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, por su papel como centro de represión del periodo tardío de la dictadura franquista.

LOS CRITERIOS

Los mencionados criterios a incluir en los pliegos del concurso para que pesen a la hora de la puntuación de las ofertas son "la calidad arquitectónica" del proyecto y las "soluciones" propuestas para la integración del edificio en su entorno y su puesta en valor; la incorporación de elementos de sostenibilidad ecológica, mejora ambiental y eficiencia energética en el diseño del enclave; o la "mejora de la oferta económica" a partir de un precio de salida de "12 o 13 millones" de euros.

Además, otro de los criterios a incluir de cara a la puntuación de las ofertas es el "uso preferente" de "equipamiento y servicios públicos en cualquiera de sus clases", seguido de una "prelación" con el resto de usos pormenorizados conforme a la calificación urbanística de usos terciarios, es decir posibles usos hoteleros, comerciales o de oficinas.

Otro de los criterios será la cesión al Ayuntamiento de "espacios polivalentes susceptibles de explotación independiente del edificio principal", para su uso al margen de la actividad central a la que finalmente se dedique la antigua comisaría, toda vez que otro de los aspectos a puntuar especialmente será que la empresa adjudicataria asuma la reurbanización de los aledaños del inmueble, en concreto la plaza de la Concordia y las calles Las Cortes y Teniente Borges.

Igualmente, otro de los criterios a incluir en el pliego del futuro concurso es la mejor incorporación al proyecto de elementos que reflejen el papel del edificio como Lugar de Memoria Histórica y Democrática, merced a la declaración en tal sentido ya emprendida por la Junta de Andalucía con relación a la antigua comisaría.

Antonio Muñoz ha precisado que aún no ha sido determinado cuáles de estos criterios contarán con más puntuación respecto a otros en el futuro pliego de condiciones del concurso de enajenación del inmueble, pero ha defendido que sin impedir que pujen ofertas con relación a un proyecto hotelero, a la hora de evaluar las propuestas en materia de usos "va a tener preferencia un equipamiento antes que un hotel", toda vez que las ofertas serán consideradas según su aportación total en cada uno de estos criterios, entre los que también figura el aspecto económico o el arquitectónico.

"Estamos dando más peso (en el futuro concurso) a la posibilidad del equipamiento, lo que no significa que no pueda haber una oferta para un uso hotelero", ha resumido con relación al criterio de los usos, uno de los siete a tener en cuenta.

LA GAVIDIA

El inmueble en cuestión se localiza en pleno centro neurálgico de Sevilla y después de funcionar durante décadas como comisaría de la Policía Nacional, fue cerrado en 2003 y después cedido al Ayuntamiento.

Desde entonces, el Consistorio ha intentado varias veces vender el inmueble, aunque siempre sin éxito. En el pasado mandato, el entonces gobierno local del PP promovió de hecho una primera modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SPIS) a suelo de gran superficie comercial, si bien al arrancar el actual mandato y recuperar el PSOE el poder, el Ayuntamiento desistió de completar dicha operación para decidir qué uso dar al edificio.

Para ello, sobre la mesa han pesado distintas propuestas para destinar el edificio a un hotel, un espacio de salud y deporte, un centro de investigación y emprendimiento universitario, un espacio socio cultural o un enclave dedicado a la memoria histórica.

En cualquier caso, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y el Grupo popular del Ayuntamiento para que los populares se abstuviesen en la votación del proyecto presupuestario de 2018 incluía el compromiso de promover una nueva recalificación del edificio, para que el mismo admita usos terciarios y ofrecer de nuevo el inmueble al sector privado, como así está sucediendo.

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