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Sevilla

Una treintena de vecinos de Coria comparecen como afectados por los hedores

Han asistido al juzgado para comparecer en la investigación por un presunto delito contra el medio ambiente con afección grave a la salud de las personas

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  • Gasolinera de Coria de donde presuntamente vendrían los malos olores. -

Un total de 31 vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) han asistido recientemente al Juzgado número tres de Coria, para comparecer como perjudicados en la investigación por un presunto delito contra el medio ambiente con afección grave a la salud de las personas por los episodios de hedor que desde hace años sufre dicho barrio, causa en la que están investigados los administradores y el gerente de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona.

En concreto, y según ha informado a Europa Press la abogada que representa a estas personas, aunque la asociación de vecinos está personada en la mencionada causa judicial, el pasado 13 de julio, un total de 31 vecinos afectados por esta situación comparecieron "a título individual" ante el juzgado en calidad de perjudicados, aportando sus correspondientes informes médicos de cara a sus posteriores reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios.

La mayoría de estas personas, según su letrada, cuenta con resultados positivos en los informes toxicológicos derivados de las pruebas a la que fueron sometidas en su momento, pues en la causa pesan informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que detectaron en la sangre de muchos de estos vecinos concentraciones de N-hexano, un disolvente orgánico con "acción tóxica".

EL ORIGEN DE LAS "FUGAS"

Recordemos que cuando el pasado 16 de octubre de 2020 prestaron declaración como investigados los administradores y el gerente de la gasolinera, los mismos habrían negado que la instalación, gestionada por Zamarrilla Inversiones S.L., sufriese "fugas" en sus depósitos de combustible o cualquier "vertido" de sustancias contaminantes, alegando que en 2019 fue implantado en el recinto un sistema de prevención de filtraciones desde los depósitos al subsuelo. Además, habrían expuesto que el recinto cuenta con una "barrera hidráulica".

Así, los tres investigados habrían negado ante el juzgado que los episodios de contaminación y hedores investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía, a raíz de la denuncia interpuesta por residentes de la barriada Guadalquivir, deriven de la actividad de la gasolinera, aludiendo a una "contaminación histórica" en la zona, cuyo origen estaría pendiente de esclarecer aún, según su tesis.

En la actuaciones realizadas, en cualquier caso, se ha detectado, tras mediciones realizadas en el interior de varios domicilios de la citada barriada, la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) derivados de hidrocarburos, así como Sulfato de Dimetilo, muy tóxico por inhalación, según la Guardia Civil. Los agentes del Seprona detectaron igualmente, en las proximidades de la gasolinera intervenida, la presencia de un vertido de hidrocarburos.

ESCAPES O VERTIDOS

Según los técnicos, como consecuencia de los escapes o vertidos contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina, gasoil y aceites minerales, se ha producido un daño sustancial a la calidad del suelo en el entorno de la gasolinera.

Dicha contaminación "ha dado lugar a un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas y, por los flujos de descarga de los acuíferos y su cercanía al cauce, se produce una situación de grave perjuicio para el sistema natural del estuario del Guadalquivir, así como un riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas" de la zona.

Para confirmar tal extremo, la Guardia Civil inspeccionó la gasolinera junto con inspectores del Servicio de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, tanto física como documentalmente, comprobándose que existían anomalías en forma de fuga en el depósito de gasolina SP/95, según el Instituto Armado.

Además de los mencionados encartados, en la causa figuran como investigados María del Carmen E.L., administradora de la empresa Zamarrilla Inversiones S.L.; Miguel C.J. como inspector técnico industrial representante de la empresa encargada de la evaluación y control de la gasolinera y J.J.B. como representante legal de dicha entidad, después de que la Guardia Civil tomase declaración como investigados a varios técnicos de las inspecciones y revisiones documentales a las que estaba sometida la citada estación de servicio.

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