El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este viernes que el uso del casco será obligatorio para ciclistas menores de edad en vías urbanas, previsiblemente a principios del año próximo, que es cuando estima que entrará en vigor el anteproyecto de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy y que también duplicará el importe de las multas por alcoholemia, pasando de 500 a 1.000 euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro ha señalado que la obligación del uso del caso para menores ciclistas ya se da en el caso de vías interurbanas, al tiempo que ha precisado que la legislación para los adultos se mantiene de la misma manera.

   En cualquier caso, el titular de Interior ha apuntado que, consciente del debate que genera esta medida, el Ejecutivo queda a disposición de la búsqueda de acuerdos sobre esta materia en una subcomisión de Tráfico y Seguridad Vial del Congreso, a través de la que se podrán introducir enmiendas (siempre que haya un acuerdo "con suficiente consenso") hasta la culminación parlamentaria.

   Las previsiones del Gobierno son las de que esta primera parte de la reforma de seguridad vial sea remitida al Congreso en el mes de septiembre y termine su trámite parlamentario previsiblemente a finales de este año, para entrar en vigor a comienzos de 2014. Posteriormente, en la primavera del año que viene, iniciará la reforma del Reglamento General de Circulación.

   A pesar de que Fernández Díaz ha resaltado que hoy "no es un día idóneo para hablar cómodamente" de siniestralidad (en alusión al accidente de tren en Santiago de Compostela), ha insistido en la necesidad de "seguir avanzando" en normativa de circulación para "ser un país pionero y cada vez más seguro" en seguridad vial.

   Entre las medidas recogidas en el texto, el titular de Interior ha señalado que la norma también regula la "tolerancia cero" para la conducción bajo los efectos de las drogas, así como el sometimiento a los controles de drogas y alcohol. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones de 1.000 euros.

   Además, ha adelantado que los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.

   En cuanto a la retención infantil, Interior pretende que el reglamento de circulación establezca el uso de la silla para menores en los asientos traseros en función de tallas y no de edad. El ministro ha adelantado que la previsión del ministerio es que la citada talla sea de 135 centímetros "salvo contadas excepciones".

   A día de hoy, la actual ley utiliza un criterio de edad que obliga a los menores de 3 años a viajar únicamente en el asiento trasero y con silla, y a los de un rango de edad de 3 a 12 años con silla, pero en el asiento delantero y trasero. En cualquier caso, este apartado se regulará en el reglamento posterior y el actual anteproyecto sólo "sentará las bases orientativas" en este caso.

DETECTORES DE RADAR

   La ley volverá a prohibir en vehículos el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso, que habían sido autorizados en 2009 al ser eliminados del reglamento durante su tramitación parlamentaria. "Creemos que es útil y conveniente para la seguridad vial volver a la situación anterior", ha señalado el ministro, quien ha recordado que los inhibidores de radar también están prohibidos.

   Otra de las propuestas de esta iniciativa será la que permitirá la retirada del permiso de circulación cuando se inmovilice un vehículo hasta que se abonen los gastos de dicha inmovilización, o ampliar la posibilidad de inmovilizar vehículos en casos como la conducción sin el permiso para camiones o autobuses.

NUEVA CONFERENCIA SECTORIAL

   Además, contempla la creación de la conferencia sectorial de tráfico y seguridad vial, que tendrá como órgano colegiado al Ministerio del Interior y que contará con las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias ejecutivas como Cataluña y País Vasco.

   En esta misma línea, ha establecido por ley la obligación de comunicar a la autoridad de tráfico, con carácter previo a su inicio, la realización de obras en las vías, ya que hasta ahora se establecía reglamentariamente.

   Fernández Díaz ha celebrado la reducción del 19% de fallecidos en carreteras a día de hoy en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando ya se volvió a cifras de mortalidad similares al año 1960. Sin embargo, ha reiterado la importancia de "recordar dónde se está, porque se puede sentir orgulloso pero no autocomplaciente".