El exprimer ministro de Túnez Youssef Chahed negó hoy su implicación en el conocido como "Caso Alicante", que investiga a 44 ciudadanos tunecinos por la presunta compra de bienes inmobiliarios de lujo en la ciudad española de Alicante (este) para blanquear dinero.

Chahed, presidente del partido "Viva Túnez", socio de la coalición del Gobierno, negó poseer bien alguno en España, así como tampoco su mujer y su yerno, y denunció a través de las redes sociales una campaña de difamación "sistemática". Asimismo recordó que las pesquisas comenzaron el pasado mes de enero cuando todavía era jefe de Gobierno.

"Difundir rumores para engañar a la gente y lanzar mentiras entre la opinión pública son crímenes castigados por la ley y voy a tomar acciones contra ellos y todos los que violen deliberadamente mi reputación y la de mi familia porque Túnez es un Estado de Derecho", declaró el político.

Chahed acusó, asimismo, a la ONG Iwatch, especializada en la lucha contra la corrupción, de estar detrás de las falsas informaciones difundidas sobre su comparecencia ante la justicia por un supuesto caso de tráfico de influencias.

Dicha organización interpuso una denuncia en enero de 2019 contra Chahed por haber intervenido supuestamente a favor del que fuera Marwan Mabrouk, yerno de Zinedin el Abedin Ben Ali, el dictador derrocado en 2011, para que la Unión Europea le retirara de la lista de miembros del antiguo régimen sancionados y desbloquear sus bienes.

El "caso Alicante" experimentó un impulsó el miércoles después de que las autoridades de Aduanas hayan transferido los resultados de su investigación al tribunal especializado en delitos económicos y financieros que reveló una decena de delitos aduaneros, de cambio de divisas, falsificación de documentos, transacciones comerciales y financieras ilegales y no declaración de bienes en el extranjero por un total de 8 millones de euros.

En declaraciones a la prensa, el portavoz de Aduanas, Haithem Zeneb, negó la participación de responsables políticos en este caso tal y como aseguraban los rumores que circularon en las redes sociales durante los últimos días.

Según fuentes de la institución, los implicados - todos de nacionalidad tunecina y, en su mayoría, empresarios y profesionales liberales - no habrían declarado al Banco Central Tunecino (BCT) la apertura de treinta cuentas bancarias en el extranjero, tal y como exige la ley, y la compra en divisas de veintiséis apartamentos por un valor de 3,4 millones de euros. Hasta el momento tres personas se encuentran en detención provisional desde el pasado viernes por orden de la Fiscalía.

Algunos medios locales apuntaron como origen de esta trama a los llamados "Golden visas" (Visas de oro), permisos de residencia en España a cambio de inversiones inmobiliarias por un valor igual o superior a 500.000 euros, la compra de dos millones de euros en títulos de deuda pública o destinar un millón de euros a acciones o participaciones sociales de compañías españolas o depósitos bancarios.

El pasado 7 de mayo la Comisión Europea (CE) retiró a Túnez de su lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), principal organismo internacional contra el blanqueo de capitales, lo hizo en junio de 2019.