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Lunes 20/05/2024  

Andalucía

El PP denuncia el impago del Salario Social desde el mes de octubre

Antonio Sanz denunció ayer que desde octubre no se paga el Salario Social por recortes presupuestarios, algo que niega la Junta al asegurar que los demandantes aún están en proceso de tramitación

  • Micaela Navarro lo niega y asegura que todos están aún en proceso de tramitación
El PP va a demandar al Gobierno andaluz explicaciones en el Parlamento por el impago del llamado Salario Social desde el pasado mes de octubre y por el recorte de la partida presupuestaria destinada a esta prestación en 2009, una decisión que considera "inaudita" en un momento de crisis como el actual. 


Así lo anunció ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien calificó de "increíble" que precisamente ahora no se esté pagando el Salario Social, una situación que achacó al agotamiento de las partidas presupuestarias destinadas a este fin. 


Además, criticó el recorte de 58.000 euros en la partida destinada al Salario Social con respecto al año 2008, periodo en el que ascendió a 38,9 millones de euros, ya que se produce en un año en el que "va a haber muchas más personas que necesiten" esa prestación. 


Así, según el PP, desde el año 2006 se ha producido un descenso del 15% en el número de personas que han podido acceder al Salario Social, pues se ha pasado de 22.000 beneficiarios en dicho ejercicio a una previsión de 18.800 en 2009. 


Sanz denunció también que se está produciendo una "distorsión" del sistema, ya que no hay un seguimiento de la evolución social y laboral de los beneficiarios, por lo que reclamó la aprobación de la nueva Ley de Inclusión Social tras criticar el incumplimiento de las previsiones del Gobierno andaluz, que la anunció por primera vez en el año 2000. 


El dirigente popular subrayó que unos 500.000 andaluces se encuentran en el umbral de la pobreza y que "el último recurso disponible" para estas familias es el Programa de Solidaridad, más conocido como Salario Social. 

"Cómo puede ser compatible que se aborde la crisis económica con la paralización del programa social destinado a las familias en situación de exclusión social", se preguntó Sanz, que puso este asunto como ejemplo de los "palos de ciego" que está dando el Gobierno andaluz ante el agravamiento de la crisis. 


Los trámites de los demandantes no han concluido


Por su parte, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, aseguró ayer que todos los beneficiarios que cumplan los requisitos necesarios cobrarán "hasta el último céntimo" del llamado Salario Social, independientemente de la fecha en la que lo hayan solicitado. 


"El señor Sanz miente y lo sabe", sentenció la consejera tras explicar que las personas que lo solicitaron en octubre o en los meses siguientes lo cobrarán, si reúnen los requisitos necesarios, cuando finalicen los trámites pertinentes, lo que ha calculado que se producirá este mismo mes de enero. 


En este sentido, ha negado que el problema sea que se ha agotado la partida destinada a esta prestación, ya que el presupuesto consignado es "ampliable" y "ningún año ha habido ningún problema, se amplía automáticamente cuando es necesario". 


La responsable de Igualdad y Bienestar Social informó de que la media anual de solicitudes alcanza las 18.000 y, aunque señaló que el número de peticiones presentadas el pasado septiembre superó en 3.000 a las del mismo mes del año anterior, explicó que los datos definitivos de 2008 no se conocerán hasta que finalice la tramitación de las solicitudes formuladas de octubre a diciembre. 


En todo caso, insistió en que el crédito es "ampliable automáticamente y, ahora, con más motivo que nunca", tras lo que reconoció que se ha producido un recorte de 58.000 euros en la partida consignada en los presupuestos andaluces de 2009, pero aseguró que sólo afecta al capítulo dedicado a la gestión de esta prestación "y nunca a la ayuda directa para las familias". 


Respecto a la tramitación del proyecto de Ley de Inclusión Social, Navarro dijo que espera que sea remitido al Parlamento, tras su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, en el segundo semestre de 2009.
"El PP debería ser más responsable y no generar, con tanta insidia, más inquietud entre las familias", concluyó la consejera.

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