El PSOE, personado como acusación particular, defendió que los cuatro acusados no tenían las consideración de funcionarios públicos y por lo tanto no debían ser juzgados por cohecho, sino por estafa en grado de tentativa. El juez Ángel Márquez, en una resolución a la que ha tenido acceso Efe, dice que el concepto de funcionario es diferente en el derecho penal y el administrativo, y la jurisprudencia establece que, a efectos penales, es funcionario quien ejerce una función pública con independencia de la personalidad mercantil de la empresa.
Añade que Mercasevilla, propiedad en un 51 por ciento del Ayuntamiento de Sevilla y en un alto porcentaje por la empresa estatal Mercasa, “gestiona un servicio de genuina competencia municipal mediante concesión administrativa en régimen de monopolio”.
El juez rechaza todas las cuestiones previas planteadas por los cuatro acusados: los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y la funcionaria M. R. P, para quienes el fiscal ha pedido 21 meses de suspensión y una multa de 900.000 euros.
Respecto al PSOE, dice el juez que “su posición en esta causa ha quedado sin contenido, por lo que, al no haberse adherido a la calificación de otras acusaciones, debe quedar apartado del procedimiento”, aunque la decisión es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Mellet y Ponce, según la acusación, pidieron a dos empresarios del Grupo La Raza una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.
