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Lunes 01/07/2024  

Jerez

Los recortes de la Junta en Educación afectarán a 12 empleos en Jerez

El candidato andalucista a la Alcaldía de Jerez, Santiago Casal, ha mantenido un encuentro reciente con la representante del sindicato USTEA

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El candidato andalucista a la Alcaldía de Jerez, Santiago Casal, ha mantenido un encuentro reciente con la representante del sindicato USTEA en Cádiz, Esther Porquicho y dos de las trabajadoras afectadas por los despidos en Jerez, Ana Moreno y Rocío Barroso.
  En dicho encuentro los andalucistas han conocido de primera mano, las intenciones del gobierno bipartido de la Junta de Andalucía (PSOE-IU), de rescindir los contratos con las empresas que a su vez contrataban a estos trabajadores/as para realizar el servicio de Apoyo y Asistencia a la Gestión Académica y Económica de los Centros Públicos de Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación y que supondrá el despido de 840 trabajadores  en Andalucía.
  Los andalucistas lamentan la actitud del gobierno bipartido de la Junta de Andalucía (PSOE-IU), que lo único que hace con esta decisión es "agravar más si cabe la difícil situación de paro que viven  los andaluces".
En el caso de Jerez serán en torno a doce trabajadoras las afectadas por estos despidos que realizan su trabajo en los colegios; San José Obrero, La Marquesa, Tartesso, Ciudad de Jerez, La Ina, La Paz, El Membrillar, Tomasa Pinilla, Luis Vives, Pemán, Arana Beato, La Católica, El Retiro, Pio XII, Cervantes, La Unión, Lomopardo y Picasso. "Hay que recordar que la gran mayoría de estos trabajadores son mujeres y cuyo salarios medios son de 400€ mensuales".
  Casal, asegura que durante estos ocho años, la Junta de Andalucía "ha mirado para otro lado, ha considerado a estas trabajadoras como personal propio de los centros, ya que dependían de la dirección de los mismos e incluso han utilizado el sistema informático interno de la Consejería de Educación para realizar su trabajo".
Desde el Partido Andalucista, piden a la Consejería de Educación que tenga en cuenta la experiencia y la formación de estas trabajadoras, para que en la oferta pública que pretende poner en marcha, estas trabajadoras "tengan posibilidades de optar a esos puestos de trabajos que durante ocho años han ejercido sin problemas y que ahora dice la Junta que no lo pueden realizar".

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