El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, respira tranquilo, al menos momentáneamente, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgara hoy de manera provisional un amparo que suspende el proceso de antejuicio para retirarle su inmunidad.
El Constitucional de Guatemala aceptó este jueves el recurso de amparo interpuesto a título personal por la letrada Karen Marie Fischer el pasado 11 de junio, y aunque esta medida es provisional, ya que tiene que ser ratificada, deja temporalmente suspendido el proceso para retirarle la inmunidad al presidente.
Desde el pasado 12 de junio, una comisión del Congreso investigaba si se debía dejar a Pérez Molina sin ese privilegio.
De esta manera lo explicó en una conferencia de prensa el secretario de la CC, Martín Guzmán, quien detalló que tres de los cinco magistrados, Roberto Molina Barreto, María de Los Ángeles Araujo y Héctor Pérez Aguilera, votaron a favor de otorgar el amparo.
En cambio, agregó, Mauro Chacón y Héctor Efraín Trujillo (en sustitución de la presidenta Gloria Porras que se encuentra de viaje en Costa Rica) decidieron no respaldar la solicitud de Fischer.
La CC razonó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no había tomado en cuenta la Ley de Antejuicios cuando resolvió dar trámite a una denuncia interpuesta por el diputado opositor Amílcar Pop en contra del mandatario, en la que vincula a Pérez Molina con dos casos de corrupción.
La firmante de la petición de amparo, la letrada y notaria Fischer, expresó a Efe su satisfacción por la resolución al considerar que demuestra que "se está defendiendo la institucionalidad del país, que es lo que estaba en peligro".
Fischer reiteró que su acción va encaminada a defender "la institucionalidad del país y no al presidente", porque el que debe determinar la culpabilidad de Pérez Molina es el Ministerio Público (MP).
La resolución otorga 48 horas a la Corte Suprema de Justicia para argumentar los motivos por los que resolvió dar trámite a la denuncia contra el mandatario, que lo vincula con un caso de corrupción en el ente recaudador de impuestos y otro en el Seguro Social.
Por ello, el portavoz de la Presidencia, Jorge Ortega, indicó que el Ejecutivo está "a la espera" de que transcurra ese plazo y de que se tome la decisión definitiva, que puede ser "favorable o no", reconoció, y que tras ella surgirán "nuevos escenarios" en los que la Presidencia adoptará "nuevas medidas" según corresponda.
Ortega dijo a Efe que la Corte de Constitucionalidad tomó la decisión de aceptar, de manera provisional, el amparo, como garante de la Carta Magna y del orden institucional.
Reiteró que la Presidencia es "respetuosa de la ley" y manifestó que el Ejecutivo al completo cree en el presidente.
"Nos apegamos a los procesos", aseguró.
Por su parte, el denunciante de Pérez Molina, el diputado de Winaq, Amílcar Pop, declaró a Efe que esta resolución es "una bofetada" contra el pueblo de Guatemala y "un paso lamentablemente de retroceso" en la lucha contra la impunidad.
Además, indicó que esta decisión puede tener efectos "gravísimos" a corto y medio plazo porque genera "inestabilidad en la toma de decisiones".
Defendió, una vez más, que su denuncia está basada en "hechos notorios", y que cualquier otra interpretación es algo "absurdo" que intenta desviar la atención y acrecentar "la ruta de la impunidad", un extremo que "frustra" a la población y a los políticos que, como él, aseguró, tienen como fin combatirla.
