Innovación pide al PSOE que rechace la enmienda de CiU que deroga el decreto de las renovables

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa instó ayer al grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados a que refuerce la estabilidad jurídica y garantice la viabilidad de los proyectos de plantas termosolares en ejecución en Andalucía ante el "riesgo" para su desarrollo que existiría si no se modifica la enmienda planteada por CIU en el Senado en la que se deroga el artículo del Real Decreto Ley 6/2009 por el que se creaba el mecanismo de registro de preasignación para las energías renovables.

En una nota, Innovación explicó que con esta moción "no sólo se está derogando el llamado Registro de Preasignación" creado el pasado mes de mayo, sino que supone además una "modificación de las reglas de juego" establecidas en el RD 661/2007 al suprimir la garantía que suponía el hecho de que, una vez alcanzado el 85% del objetivo de potencia (500 Mw), se otorgaría un plazo mínimo de doce meses para aspirar a la obtención del régimen económico del citado Real Decreto.

En este sentido, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, ha solicitado a la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Mamen Sánchez, que en la sesión del próximo jueves en la Cámara Baja introduzca modificaciones a la enmienda planteada por CIU en el Senado en la que se deroga el artículo del Real Decreto Ley 6/2009 por el que se creaba el mecanismo de registro de preasignación para las energías renovables.

La Junta recalcó que esta normativa ha sido la referencia que han tenido en cuenta las compañías a la hora de planificar sus inversiones por lo que su eliminación en el Congreso implicaría un "importante perjuicio" para el sector, al introducir una modificación con los compromisos previamente adquiridos por las empresas tanto con las entidades financieras como con sus proveedores.

"Esta moción, de aprobarse en los términos planteados, pondría en riesgo las inversiones y los más de 7.000 empleos que crearían los proyectos de plantas termosolares actualmente en construcción en Andalucía", advirtió la Administración regional.

Andalucía es la primera región de Europa en la que se han implementado proyectos comerciales de centrales termosolares y cuenta en estos momentos con 131 megavatios (mW) termosolares en funcionamiento y cerca de 567 mW en construcción. Estos 698 mW abastecerán a una población equivalente a más de 250.000 hogares, y evitarán aproximadamente 560.500 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a retirar 259.810 vehículos de la circulación.

La construcción de una planta de 50MW se desarrolla en aproximadamente dos años, un periodo en el que se estima que se generan 500 empleos, a los que se sumarían otros 70 puestos por cada planta, una vez puestas en marcha.

El Ministerio de Industria resta importancia a la modificación

Por su parte, el Ministerio de Industria español restó importancia a la supresión del recién implantado sistema de registro previo para acceder a primas para las energías renovables y dejó claro que no supone modificar el marco normativo para el desarrollo de estas energías.

El método de pre-registro, introducido para controlar el reparto de primas en un Real Decreto que entró en vigor en mayo pasado, desaparecerá en virtud a una enmienda incorporada esta semana en el Senado, a propuesta de Convergencia y Unión (CiU) , en la Ley de regulación de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario).

El citado texto está pendiente aún de ratificación en el Congreso, pero previsiblemente saldrá adelante, dado que fue pactado por todos los grupos, incluido el PSOE.

En declaraciones a EFE tras participar en Bruselas en un seminario sobre renovables, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, indicó que la propuesta de CiU, "aunque altera ligeramente" el marco regulatorio diseñado por el Gobierno para estas energías, respeta "la filosofía" del citado Real Decreto.

"De una forma distinta trata de alcanzar el mismo objetivo", explicó Marín, que negó, eso sí, que el sistema de registro previo planteara un problema de competencias entre la Administración central y las comunidades autónomas, como argumentaba CiU.

Recordó que las responsabilidades de cada Administración están claramente definidas y, así, mientras el registro definitivo de las empresas y la autorización corresponde a las administraciones regionales, el Estado fija la retribución a percibir y el número de unidades que pueden acogerse a la misma.

"Nunca ha habido un problema competencial", reseñó el secretario de Estado, que insistió en que "ni invadimos antes (competencias), ni cedemos ahora".

Marín también destacó que el Ministerio de Industria ya se ha puesto en contacto con los sectores afectados por la supresión del pre-registro y subrayó que la intención del Ejecutivo es dar "continuidad y estabilidad" al sector de las energías renovables, para que el ritmo de instalaciones se mantenga.

Sobre el impacto que tendrá la supresión del pre-registro para los proyectos que ya se habían inscrito, el representante de Industria aseguró que "no va a haber absolutamente ningún problema".

Así, indicó que las pocas instalaciones incluidas en el pre-registro van a estar en el listado definitivo de las comunidades autónomas.
También recordó que, con las solicitudes resueltas hasta ahora, no se había alcanzado el objetivo de potencia establecido por el Gobierno ni en energía eólica (20.155 MW) ni en termosolar (500 MW).