Andalucía es de las regiones con uno de los sistemas fiscales menos competitivos en España. Así lo determina un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que subraya que “en el mundo globalizado en el que vivimos, la competitividad de las economías no solo está condicionada por la productividad de sus empresas y trabajadores, sino también por los marcos fiscales que adoptan”. “El capital puede moverse con gran facilidad y las decisiones de inversión de las empresas evalúan los diferentes países como posibles destinos -agrega-. De este modo, si la fiscalidad de una zona no es atractiva, las inversiones se desplazarán hacia otros destinos, lo que influirá en el crecimiento económico y sobre el empleo, tanto en el corto como en el medio y largo plazo”.
A partir del índice de competitividad de la Tax Foundation, en el que evalúa la fiscalidad de los países de la OCDE, teniendo en cuenta más de cuarenta variables, donde se consideran los impuestos y también la estructura de los mismos, el IEE ha diseñado un nuevo indicador complementario de fiscal normativa que sitúa a las tres provincias vascas y Madrid como los territorios más atractivos y, en este orden, Cataluña, Asturias, Aragón, Valencia, Extremadura, Navarra y Andalucía como las comunidades menos competitivas. En el caso de la medición elaborada por la Comisión Europea, que evalúa 70 variables comparando la habilidad de cada región para ofrecer un entorno atractivo y sostenible a las empresas y ciudadanos para vivir y trabajar, Andalucía, tercera por la cola, sale peor parada.
El documento elaborado por el IEE analiza el peso de la fiscalidad sobre propiedad, incluyendo en este concepto Impuestos sobre Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y también Impuestos a las Transacciones de Capital y de Patrimonio, y advierte de que “la mayor imposición ligada a la propiedad conlleva el incremento de los costes sobre el capital, por lo que impacta negativamente en la rentabilidad de las empresas, reduce el entorno de las inversiones, limita los recursos para producción, y disminuye los incentivos al ahorro y a la inversión, lo que tiene consecuencias negativas sobre el crecimiento de las empresas y la economía en general, al tiempo que puede afectar a las decisiones de localización de las propias empresas y de las personas”.
El expresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas Francisco Martín Recuerda valora, por ello, la reforma fiscal iniciada por el Gobierno autonómico de Juanma Moreno y Juan Marín. “No se puede subir impuestos”, subraya, si Andalucía quiere ser competitiva. En 2019, la Junta aprobó la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para cónyuges y familiares directos, la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para familias numerosas y el de actos jurídicos documentados y, en tercer lugar, una rebaja progresiva en cinco años del tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el objetivo de, en palabras del consejero de Hacienda, Juan Bravo, “colocar a Andalucía entre las comunidades con una fiscalidad más baja y generar condiciones que favorezcan la dinamización de la economía, dotando a las familias y los emprendedores de una mayor liquidez para lograr un mayor consumo e inversión y potenciar un escenario de creación de empleo”. “Es pronto para medir el impacto”, matiza Martín Recuerda, pero se muestra convencido de que este es el camino.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), advierte, sin embargo, de la necesidad de dotar de cierta armonización del sistema tributario frente al “mercadeo político”. En conversación telefónica, Cruzado recuerda que fue el propio PP el que planteó la cuestión en 2014 y cita las conclusiones del Informe Lagares, elaborado por una comisión de expertos, que alertaba de la competencia a la baja entre las regiones en los impuestos cedidos que podría llevar incluso a la desaparición de algunos, y defendía la conveniencia de establecer mínimos y máximos. Finalmente, Cruzadoapela a la corresponsabilidad fiscal: “No se pueden bajar impuestos y querer que el Estado aporte lo necesario para el mantenimiento de los servicios”.
Martín Recuerda apunta al respecto que, si bien es cierto que “durante 40 años se ha gastado sin sentido en Andalucía” y la corrupción ha lastrado el crecimiento, también lo es que históricamente ha sido discriminada en cuanto a inversiones en infraestructuras o en el desarrollo industrial. Añade, además, otros factores que refrenan el desarrollo, como el carácter fronterizo con Marruecos y Portugal y el elevado peso de la economía sumergida por la estructura productiva de la región, en la que tienen mayor peso sectores como la agricultura o el turismo. De hecho, con datos de 2016, la comunidad es la segunda, superada únicamente por Extremadura, en cuanto al peso de la economía sumergida en el PIB (27,3%). Ante ello, plantea que, aunque “no se toca nunca el tema”, no sería descabellado abrir el debate sobre la despenalización de la droga, que tiene un peso específico muy importante, atajando, por un lado el problema de la seguridad y, por otro, el fiscal.
