Me produce verdadero desasosiego la forma en queestamos jugando con libertades y derechos sobre la base de regular y controlarlo todo o de recaudar y recaudar. En ese sentido, y como abogado que soy, no puedo sino mostrar mi más absoluta e indignada repulsa ante la ley de tasas judiciales que está sacando adelante el Sr. Ruiz Gallardón. Esto no es sino la limitación del derecho fundamental a obtener tutela judicial efectiva que garantiza a todos los ciudadanos la Constitución.
Dice el ministro como excusa que el Tribunal Constitucional validó en su día las tasas judiciales. Pero se refería esa sentencia a unas tasas a cargar a las empresas con determinados volúmenes de facturación y en concretos supuestos que nada tienen que ver con que cualquier ciudadano que, por ejemplo, no esté de acuerdo con la forma en que un juez ha resuelto su asunto personal en el que le va su vida y tenga que depositar cuando menos 800 euros, más un porcentaje de la suma que se discuta para poder obtener una resolución sobre su asunto de un Tribunal Colegiado y contar con la posibilidad de que se revise la sentencia. Eso cuando ya tuvo que pagar tasas también anteriormente en la primera instancia. Y cuando contribuye con sus impuestos a mantener todo el sistema, y en este caso tanto el Ministerio de Justicia como la Consejería autonómica.
O cuando quiere recurrir una multa o una decisión administrativa o tratar de usar un servicio como la Justicia para algo a lo que tiene evidente derecho, como es que se revise una resolución de la Administración. Y aunque tal actuación fuera constitucional, no por ello deja de ser un cercenamiento de nuestras libertades y de nuestros derechos. Con tal excusa de cobrar y de limitar procesos, lo que se hace es privar de la Justicia a aquellos a quienes les cueste trabajo pagar esas sumas. Eso es una auténtica barbaridad.
Como lo son algunas otras cosas que me parecen una afrenta a las libertades. El otro día vi una multa por estar tomando una cerveza en la calle sin molestar a nadie. Y es que la Ley andaluza 7/2006 castiga la permanencia de personas consumiendo bebidas (sean o no alcolhólicas) en la calle fuera de donde el Ayuntamiento lo permita y aunque no se cause la más mínima molestia a nadie y sea en un lugar donde no se altere nada. Me parece también una barbaridad. Una cosa será un botellón que provoque ruidos y molestias y otra que se impida algo que hemos hecho toda la vida sin más. Creo que vamos hacia atrás en muchas cosas en lugar de ir hacia adelante, y es una pena.
