El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, ha reiterado esta mañana la idea gestionar de forma pública las pantallas LED instaladas en el municipio “porque podríamos aplicar más facilidades e impulsar empresas locales y autónomos, además de un mayor aprovechamiento de estos espacios para el interés público”, una propuesta que la formación ya lanzó en 2013 cuando comenzó el proceso de licitación pública de este servicio.
“Ahora vemos como el tiempo nos ha dado la razón”, ha afirmado el concejal. Y ha pasado a explicar que un decreto de Contratación “recoge varios incumplimientos muy graves por parte de la empresa concesionaria: el impago del canon por dos anualidades y la no instalación de dos de las cinco pantallas que recoge el contrato”. Para Palmero estas cuestiones “son indicativo de la falta de diligencia y de control que tiene el Gobierno local del PSOE, al igual que anteriormente el PP, de los contratos públicos: hasta que no han pasado casi cuatro años del primer incumplimiento, no se han tomado medidas”. Y es que el contrato firmado en febrero de 2013 establecía un plazo de 90 días para la instalación de las cinco pantallas y aún faltan las previstas en la Avenida de Diputación y La Barrosa.
Por otra parte, la resolución del decreto es aplicar una sanción económica de 4.890 euros por la deuda en cuanto al canon, que suma unos 12.000 euros entre 2015 y 2016, y la falta de instalación de dos pantallas en el municipio. Ante esto, el concejal ha cuestionado “cuál es el sentido de esta sanción si el propio informe recoge que existe una intencionalidad evidente por parte de la empresa concesionaria de no atender las obligaciones asumidas. No tiene sentido una sanción a modo de apercibimiento, ya que además el pliego de condiciones establece la resolución del contrato ante incumplimientos muy graves y en este caso tenemos dos”.
Por todo ello, Roberto Palmero se ha dirigido al Gobierno local para pedir explicaciones sobre el expediente que, a su juicio, denota la “falta de diligencia y control sobre los contratos públicos” y ha pedido conocer “por qué no se siguen los mismos criterios con todas las empresas ante los incumplimientos de los pliegos de condiciones”.
Seguidamente ha señalado también este hecho como un “agravio comparativo” con otras empresas y con la propia ciudadanía: “Después de que este expediente se siga alargando en el tiempo, la concesionaria seguirá haciendo negocio con las pantallas mientras no paga al ayuntamiento y se irá como si no hubiera ocurrido nada, habiendo dejado sin opción a otras empresas que se presentaron al concurso público para gestionar el servicio. Y lo más sangrante de todo es que los ciudadanos no se libran de pagar sus impuestos que, en ocasiones, se cobran a través de embargos y con recargos por demora. Además de que el Gobierno local acaba de firmar un acuerdo con Diputación para tener más control en la recaudación de impuestos”.
Para terminar, Palmero ha expresado “la oportunidad que tiene ahora el Gobierno municipal para rescindir este contrato, tal y como recoge el informe, y comenzar una gestión pública de las pantallas LED en la ciudad para darle un uso más eficaz y enfocado en impulsar nuestra ciudad, sus empresas y emprendedores”. “No hay excusas para mantener este servicio en estas condiciones y seguir aumentando la deuda de la empresa concesionaria con el Ayuntamiento”, ha finalizado
