El Gobierno de Mariano Rajoy no se plantea reformar la Ley de Indulto, dado que sólo concede en torno a un 7 por ciento de las peticiones que le solicitan, las mismas que se han registrado en los últimos años.
Ésta es la respuesta que el Ejecutivo da a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se interesaba por conocer las razones que llevaron el pasado noviembre al Gobierno a conceder un segundo indulto a cuatro mossos d'esquadra.
Según relata UPyD en su texto, el Gobierno indultó en febrero de 2013 a esos cuatro mossos que había sido condenados a penas de cárcel como autores de un delito de torturas y un delito de lesiones, y meses después, en noviembre, se produjo el "atípico" hecho de conceder de nuevo esta medida de gracia para evitar su entrada en prisión.
Pero, además de preguntar por las "razones de justicia y equidad" en que el Gobierno ha basado la concesión de este segundo indulto, Rosa Díez quería saber si el Ejecutivo se planteaba introducir alguna reforma en la regulación del indulto para evitar que esta medida se conceda por razones "espurias o sin motivar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que la justifican".
NO HA CAMBIADO NADA
En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón explica que para tomar decisiones de esta naturaleza se estudian los condicionantes que ofrecen las condenas y se analizan los informes, los expedientes y el historial penal de los condenados que solicitan el indulto.
En este sentido, remarca que "no ha cambiado" la forma general de tratamiento de las peticiones de indultos respecto a las últimas legislaturas, ni tampoco los criterios generales en que se basa la concesión y la denegación de mismo. Es más, subraya que el Ejecutivo concede aproximadamente entre un 6 y un 7 por ciento de los indultos que le reclaman, "cifra muy similar a la registrada en los últimos años".
Asimismo, el Gobierno informa a la diputada de UPyD que no se plantea la reforma de la Ley de Indulto, "que viene, desde hace más de un siglo, atribuyendo competencias al Poder Ejecutivo sobre la limitación del rigor de determinadas condenas".
