El PSOE convalida en solitario el decreto de función pública

El Pleno del Parlamento ha convalidado el decreto de reordenación del sector público andaluz, con los únicos votos de la mayoría absoluta del PSOE-A, que rechazó las demandas del PP e IU de derogar una normativa que calificaron de “error sobre error” y de propuesta “trampa”.

El decreto-ley, el segundo que elabora el Gobierno andaluz tras el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT en la Mesa de la Función Pública, que rechazó el CSIF, será ahora tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, con lo que su aprobación definitiva como proyecto de ley será en torno al mes de febrero.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, pidió a los grupos alejarse de la “intoxicación burda y la manipulación” y protagonizar un debate “serio y sereno” para eliminar dudas entre los empleados públicos y contrastar los modelos de administración de los cada grupo.

“Nadie debe esconderse. Las opciones son o defender el modelo conservador que despide funcionarios o el de la Junta que refuerza lo público y garantiza su eficacia y los derechos”, resumió, añadiendo que “se ajusta a la ley”.

La reforma implica la reducción mediante fusión o absorción de 111 entidades públicas, lo que supondrá un ahorro de unos 118 millones y crear más de una decena de agencias públicas, cuyos estatutos empezarán a aprobarse a partir de enero, cambios que afectarán a más de 25.000 empleados, según la Junta.

Frente a la “campaña de intoxicación mediática”, la consejera subrayó la actitud de “consenso” de la Junta en referencia a las propuestas aceptadas a CCOO y UGT que -en su opinión- ha aportado “más transparencia, claridad y consenso” para un acuerdo que definió de “necesario, constructivo y plenamente válido, pese a acusaciones vertidas por posiciones numantinas de otros sindicatos”.

El diputado del PP Antonio Sanz, que definió el decreto de “aberración política y jurídica”, recordó que en la nueva norma aparecen los mismos “vicios de inconstitucionalidad” que han llevado a su partido a recurrir al TC.

“El planteamiento del nuevo decreto es también un instrumento para operar la reforma que está en fraude de ley”, subrayó Sanz, quien añadió que mantiene los mismos requisitos “tanto en la forma como en el fondo” que el anterior, sobre todo respecto a los derechos de los trabajadores y el acceso al ejercicio de la función pública en términos de igualdad.

Solicitó a la consejera empezar “de cero” y que retire el decreto, y añadió que el modelo por el que apuesta el PP es el de la “austeridad, la despolitización y la profesionalización”, frente a la de la Junta de “la soberbia y error”.

Diego Valderas, portavoz de IU, se mostró partidario de la derogación para elaborar un proyecto de ley con “carácter constructivo”, y calificó el decreto de “propuesta trampa y sin consenso”, ya que su tramitación como proyecto de ley irá en paralelo a su entrada en vigor.

Valderas, que rechazó tajantemente la privatización o externalización, apostó por un modelo de administración profesional e independiente para “no agravar” los derechos de los funcionarios y empleados públicos.

Posteriormente, la mayoría socialista rechazaba una iniciativa del PP, en la que se abstuvo IU, en la que se planteaba la derogación del decreto ley y su paralización “inmediata”.

“Lo que ustedes llaman reordenación del sector público la gente lo llama el decreto del enchufismo”, señaló la diputada del PP Esperanza Oña, que apuntó que las garantías de igualdad de oportunidades de trabajadores y funcionarios “se ven mermadas”.

Las movilizaciones se mantendrán

Los funcionarios han advertido de que mantendrán las movilizaciones y la presión en la calle contra los miembros del Ejecutivo andaluz hasta que se derogue el decreto ley sobre el sector público andaluz, norma que convalidó en solitario el PSOE con la oposición del PP e IU.

Alrededor de doscientos funcionarios se concentraron frente a las puertas del Parlamento para exigir la derogación del decreto de reestructuración del sector público que será tramitado como proyecto de ley a partir del acuerdo alcanzado entre la Junta, CCOO y UGT.

Los funcionarios, convocados por CSIF, USO y la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), se concentraron ante la Cámara tres horas después de haber protagonizado una cadena humana en el Palacio de San Telmo -sede de la Presidencia de la Junta- para demandar la supresión del controvertido decreto.

Haciendo sonar vuvucelas, silbatos y bocinas, y ante una dotación policial que estaba en la puerta de la sede parlamentaria, los funcionarios confirmaron a los periodistas que mantendrán la “presión en la calle en todos y cada uno de los actos” en los que participen los miembros del Gobierno andaluz.

Durante la protesta, los trabajadores de la Junta volvieron a reclamar la dimisión de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. “Por una administración imparcial y no politizada”; “Por la derogación del decreto” o “La Junta no se vende”, rezaban las pancartas que portaban los funcionarios.