La financiación de la Junta a los ERE será investigada

La jueza que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha ampliado su investigación al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2003, a los criterios de financiación por parte de la Junta y a la posible “connivencia” al incluir en el ERE a un dirigente del PSOE y a una viuda sevillana.

La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, solicita a la Policía o a la Junta nueve diligencias, entre ellas que se investigue por qué Mercasevilla justificó sus ERE de 2003 y 2007 por razones económicas y organizativas “y en ese periodo prácticamente contrató el mismo número de trabajadores fijos que despidió”.

Además pide a la Policía que investigue las cantidades percibidas por prejubilación por Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén) que nunca trabajó en el mercado central sevillano, y que informe sobre las presuntas “connivencias” y la persona que pudo beneficiarse de la inclusión en el ERE de Carmen Fontela, una viuda sevillana de 66 años que tampoco fue empleada de la empresa.

Respecto a Garrido Santoyo, la magistrada pretende que Banco Vitalicio informe sobre “cualquier persona o entidad en virtud de las cuales se incluyó su nombre” en el listado de beneficiarios.

La jueza Mercedes Alaya dice que “resalta y le llama la atención” los términos del plan de financiación de la póliza de seguros del ERE, por lo que ordena a la Policía “investigar los criterios seguidos para la fijación de las primas y la imputación de sus pagos” a cargo de Mercasevilla y la Junta.

En concreto, se pregunta “hasta qué punto resultó beneficioso para una empresa prejubilar a un trabajador y abonar a la compañía de seguros una prima inicial de 165.012 euros en lugar de mantenerlo en plantilla”.

El auto pide a la Junta que expliqué si tenía compromiso de pago de las primas del ERE, que “informe en base a que criterios de legalidad” se abonaron las correspondientes a la póliza de 2007, que remita copia del expediente para la concesión de una subvención excepcional y que aporte todas las subvenciones otorgadas desde 2002 en procesos de reestructuración laborales.

Una quincena de personas entre técnicos y responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla están imputadas en los tres sumarios de este caso.