Denuncian amenazas por utilizar las camisetas reivindicativas

Las movilizaciones que los funcionarios realizan desde hace meses para exigir la retirada del decreto ley de reordenación del sector tienen como protagonistas unas camisetas naranjas que, según denuncian, ya no pueden usar mientras trabajan, bajo amenaza de expediente, en la Delegación de Hacienda de Córdoba.

José María Herrera, portavoz de los empleados públicos que protestan en Córdoba, denunció ayer a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en esta ciudad que la delegada de Hacienda, Purificación Muñoz, ha prohibido “bajo amenaza de expediente” que los trabajadores usen estas camisetas naranjas reivindicativas en sus puestos.

“Al principio empezó por prohibir que las exhibiéramos encima de las sillas porque decía que era mobiliario público. Al día siguiente, los compañeros se las pusieron y se lo prohibió bajo amenaza de expedientarlos”, dijo Herrera, quien sin embargo reconoció que nadie ha sido sancionado aún.

“Es antidemocrático y le recuerdo a la delegada que cuando se exhibió el ‘No a la guerra’ no se prohibió”, añadió Herrera, quien sostuvo que no entiende por qué en otras delegaciones o sedes, como las ubicadas en Torreriana en Sevilla, nadie pone trabas a exhibir estas camisetas.

Por su parte, el PSOE-A calificó ayer de “mentiras como una casa” las denuncias de los sindicatos y plataformas que protagonizaron el sábado una multitudinaria manifestación en Sevilla. “Reto a que digan y subrayen cuál es el mecanismo por el que se enchufa a una persona o se les hace funcionario o se privatiza”, sostuvo el portavoz parlamentario Mario Jiménez, en rueda de prensa.

Antes de mantener una reunión con el grupo de IU para consensuar enmiendas a la reforma del sector público, el socialista atribuyó las movilizaciones a una “estrategia sindical” ante las elecciones en la Administración andaluza.

Esgrimió que la futura ley de reordenación aclarará los procesos de relaciones de puestos de trabajo, así como la potestad de los funcionarios, y recalcó que su grupo defiende a todos los trabajadores de la Administración, “tengan o no la condición de funcionarios”.

En la reunión, el PSOE e IU constataron un acercamiento en algunos aspectos de las enmiendas, especialmente en las presentadas por CCOO y UGT, como la defensa de un único tipo de agencia pública, frente a los cuatro tipos que recoge el proyecto.