La norma prevé un "código de buen gobierno con rango legal" que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones porque se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.
Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha indicado que las infracciones consideradas "muy graves y algunas graves" por el anteproyecto de ley podrán llevar a la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.
Además, en el caso de "verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable, la conducta será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con la inhabilitación por diez años y la correspondiente multa".
Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.
Ley de Transparencia
El Gobierno ya ha aprobado el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma que obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.
La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público.
Para ello, la Ley de Transparencia incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado, según fuentes gubernamentales.
Aprobado el anteproyecto de Ley de Transparencia, los ciudadanos dispondrán de unos 10 días para realizar aportaciones a la norma. Para ello, podrán utilizar las webs institucionales para hacer llegar al Gobierno sus sugerencias, críticas y apreciaciones.
PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Paralelamente, el Gobierno está ultimando el 'Portal Digital de la Transparencia', al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos. Se pretende que este portal esté en marcha cuando acabe el proceso legislativo, lo que podría ser antes del verano.
Aunque habrá una lista cerrada de asuntos sobre los que no habrá información --relativos a la seguridad nacional o a la protección de datos--, el 'Portal Digital de la Transparencia' permitirá a los ciudadanos conocer por ejemplo a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos.
A través de este portal, los ciudadanos podrán acceder a informaciones que no estén publicadas, dirigiendo la correspondiente solicitud. El Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere seguir los pasos de gobiernos como el de Estados Unidos, que impulsó el portal data.gov en aras de una mayor transparencia y que agrupa información pública de 31 Estados, 15 ciudades, 172 organismos públicos y 30 internacionales.
De hecho, el Ejecutivo español tiene previsto sumarse a la Iniciativa Mundial para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership) que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en Nueva York en julio de 2010.
Por eso, presentará la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno el 17 de abril en la conferencia internacional que tendrá lugar en Brasilia, donde España firmará la Declaración Internacional de Gobierno Abierto.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves en un acto electoral en Ribadesella (Asturias) que la nueva ley pretende que "se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero", de tal forma que "si se enchufa" a alguien, "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".
