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19/05/2024  

Andalucía

Cádiz recibirá 276 millones de euros gracias a los planes extraordinarios de empleo

Junta y Gobierno central invertirán 276 millones en Cádiz gracias a los diferentes planes extraordinarios de empleo, que están suponiendo la contratación directa de 1.563 desempleados en la provincia de Cádiz.

  • El consejero de Empleo, Antonio Fernández, flanqueado por el González Cabañas y Gómez Periñán. -
  • El consejero de Empleo destaca la inversión sin precedentes que tendrá la provincia
Junta y Gobierno central invertirán 276 millones en Cádiz gracias a los diferentes planes extraordinarios de empleo, que están suponiendo la contratación directa de 1.563 desempleados en la provincia de Cádiz gracias al Plan de Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad en el Mercado de Trabajo Andaluz (Memta), según los datos que ofreció el consejero de Empleo, Antonio Fernández. 


El titular de Empleo, que se hizo acompañar en la presentación de estos datos del presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabañas, y del delegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, cifró en 276 millones de euros la inversión total que recibirá la provincia con la puesta en marcha del citado Plan Memta, el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) y el Fondo Estatal de Inversión Local. 


Según Fernández, tiene escasos precedentes en la provincia una inversión de tanta intensidad y en tan corto plazo de tiempo dirigida al único objetivo de facilitar la creación de empleo. En cuanto a la inversión global en Andalucía, alcanzará los 1.926 millones, 500 de ellos procedentes de los dos planes andaluces y 1.426 de fondos estatales 


En este sentido, Antonio Fernández cifró en 1.563 desempleados los que están siendo contratados de forma directa en los municipios y las entidades sin ánimo de lucro de la provincia, gracias a la puesta en marcha de los proyectos de interés general y social incluidos en el Plan Memta, con una inversión sólo en esta medida de 7,31 millones. Las ayudas para las contrataciones de estos desempleados financian el coste salarial de los contratados, que según las categorías oscila entre 1,5 veces el IPREM (que actualmente está situado en 6.447 euros anuales) y tres veces el IPREM, en proyectos que no pueden superar los seis meses de duración. 


Objetivos del plan Memta 


El plan Memta tiene como objetivo facilitar la transición de los demandantes hacia sectores con potencial de creación de empleo, como el medioambiente y las energías renovables; la industria y la construcción naval; los sectores químico, agroenergético, minerometalúrgico y logístico (en Cádiz); y el turismo y la hostelería, entre otros. Para ello, el plan contempla acciones específicas de búsqueda de empleo, como los Itinerarios Personalizados de Inserción o los Grupos de Búsqueda Intensiva, así como cursos-pasarela para adaptar la cualificación de los desempleados a las necesidades de los sectores emergentes. Las becas para la movilidad o las contrataciones para proyectos de interés general y social son otras de las iniciativas incluidas. 


En cuanto al desarrollo del decreto ley que regula el Proteja, Fernández apuntó que está dotado con 360 millones de euros destinados a financiar obras municipales que ejecutarán las pymes del sector de la construcción y al desarrollo de planes formativos. La agilidad en la tramitación de este plan permitirá que gran parte de las obras se inicien entre los meses de marzo y abril, y está prevista una inversión por parte de la Junta de Andalucía en Cádiz de 48,41 millones de euros. 


262 millones para Cádiz 


El consejero aclaró que el Proteja y el Fondo Estatal de Inversión Local supondrán en conjunto un gasto público de 262,09 millones de euros en Cádiz para obras que gestionarán los municipios y ejecutarán las pymes de la construcción. 


El programa andaluz añade como una de las principales novedades a estos fondos un plan formativo dotado de 60 millones de euros, con el objetivo de que los desempleados que finalicen su participación en las obras municipales participen con carácter obligatorio en cursos de recualificación hacia profesiones emergentes, de tal forma que su paso por el programa signifique una oportunidad real de encontrar un empleo posteriormente. 


Durante su participación en las acciones formativas, aquellos desempleados que no cobren ninguna prestación tendrán derecho a recibir una beca durante tres meses equivalente al IPREM (516,9 euros al mes). 


Distribución por municipios 


Para distribuir los 300 millones de euros a los 770 ayuntamientos andaluces se ha tomado como indicador un coeficiente que combina en un 20% el peso de la población del municipio, en un 50% el peso del paro registrado y en un 30% la evolución en el último año de la proporción entre el número de parados y la población de la localidad. En aquellos municipios con menos de 1.000 habitantes, se garantiza un fondo mínimo de 1.754,96 euros por desempleado o 111,67 euros por habitante. 


El Decreto Ley establece asimismo que las empresas adjudicatarias deberán contratar a desempleados mediante oferta al Servicio Andaluz de Empleo para cubrir la mano de obra necesaria que generan las obras. 


Las actuaciones que podrán acogerse al Proteja son la rehabilitación o mejora de los espacios destinados a suelo empresarial o a instalación de empresas; la construcción y mejora de instalaciones de servicios básicos a la ciudadanía (salud, la educación y servicios sociales asistenciales); la eliminación de barreras arquitectónicas; la conservación del patrimonio municipal y otras actuaciones previstas en el Fondo de Inversión Estatal. 


Los ayuntamientos presentaron hasta el 23 de diciembre las solicitudes para participar en el programa estatal, y la Consejería de Gobernación dictó las resoluciones antes del 31 de diciembre. A partir de ese momento, los ayuntamientos y diputaciones tienen dos meses para presentar los proyectos concretos y la documentación necesaria para adherirse al Proteja, en la que se primará la creación de empleo. A partir del mes de marzo está previsto que los ayuntamientos puedan iniciar la ejecución de los proyectos.

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