Manuel García Gallardo hubiera sido un aprendiz de empresario en la empresa familiar sin una proyección pública si no hubiera sido porque decidió entrar en política en sus primeros años en la organización juvenil Nuevas Generaciones del Partido Popular.
No fue una buena carrera la política pero reaparece en 2001 como uno de los empresarios ejemplares de la provincia de Cádiz en una operación en la que se mezclan peligrosamente dos condimentos que nunca han dado buenos resultados, el dinero y la política.
Quality Food, la empresa que pretendía liderar el mercado de comida mediterránea de calidad envasada, salía a la palestra amparada por el Consorcio estatal de la Zona Franca de Cádiz y sus primeros pasos fueron exitosos hasta que comenzaron los problemas en 2004.
La Zona Franca, al frente de la cual se encontraba Miguel Osuna, provoca un golpe de timón que la convierte en la propietaria del 52 por ciento de las acciones de Quality -tenía el 24 por ciento- lo que le permite destituir a Manuel García Gallardo como presidente. Y ahí es donde comienza la ristra de litigios civiles, mercantiles y penales en los que están envueltos todavía los dos protagonistas principales, Osuna y García Gallardo.
Las acusaciones
Enmedio están las acusaciones de Osuna contra Gallardo de haber ocultado pérdidas de 1,4 millones de euros en 2003, lo que significaba la quiebra técnica de la empresa, mientras que García Gallardo acusaba al Consorcio Estatal de la Zona Franca de haber incluido en pérdidas los gastos de I+D y de pagar la ampliación de capital que le dio la mayoría con fondos de la propia Quality Food.
Los años han ido pasando y los contenciosos aclarándose. Los tribunales han dado la razón a García Gallardo en la demanda de una deuda de 19 millones de euros que tiene que abonarle la Zona Franca y a lo que hay que descontarle unos tres millones que el empresario debe al Consorcio del Estado.
Esos aproximadamente16 millones de euros, aun habiendo ganado García la causa mercantil, no pueden abonarse hasta que finalice la penal, aún en marcha. Corresponden a la diferencia de lo que pagó la Zona Franca por sus acciones y lo que realmente costaban.
Precisamente en la causa penal es donde se contempla la solución al largo contencioso. Hasta ahora era García Gallardo el imputado por un presunto delito de estafa, pero la investigación dio un vuelco en el mes denoviembre cuando el imputado pasó a ser Miguel Osuna, en este caso por presunto delito de malversación de caudales públicos.
La denuncia de la Fiscalía sostiene que el delegado estatal de la Zona Franca “participó en el delito” y “fue el responsable principal”, mientras que Manuel García Gallardo se mantiene en la causa de Quality Food, pero en vez de como imputado como hasta ahora, como cooperador necesario en el presunto delito de malversación de caudales públicos.
El proceso sigue su curso, pero mientras tanto, el empresario isleño, que ha dicho en varias ocasiones que se arrepiente de haber pertenecido al Partido Popular y que está casado con la hasta el año pasado delegada provincial de Medio Ambiente, la socialista Silvia López, ha sido capaz de poner en pie otro imperio que sirve comidas a decenas de colegios, cuarteles y hospitales en toda Andalucía y en algunas regiones españolas. Hasta esta semana.
Brassica, un gigante con los pies de barro
Manuel García Gallardo ha tenido la ‘habilidad’ empresarial para resurgir de sus propias cenizas y a través de la empresa familiar montar un nuevo entramado empresarial basado en la prestación de servicios a distintas administraciones, algo que ha funcionado bien hasta que las administraciones se han visto afectadas por la situación económica y han ralentizado los pagos a los proveedores en el mejor de los casos.
Cómo ha conseguido tantas concesiones hasta un total de unos 122 colegios en toda Andalucía, por parte de la Junta, es algo que se supone fruto de una buena oferta hecha en su día. Y a ello hay que sumarle los contratos con el Ministerio de Defensa, algunos de los cuales han sido extinguidos precisamente por los conflictos laborales que mantiene Brassica Group.
No es la única empresa que ha visto cómo se desvanacen sus expectativas. Sobre todo porque centraron toda la actividad en un único cliente que ha dejado de ser bueno.
Del todo a la nada por segunda vez pero con una sentencia pendiente
En la actualidad, Brassica Group tiene la concesión de 122 comedores andaluces, varios hospitales y centros militares, aunque la Junta de Andalucía ha anunciado ya la rescisión del contrato y la búsqueda de un nuevo grupo capaz de abordar en el menor tiempo posible el servicio hasta su normalización.
La polémica no cesa con esa decisión, ya que el empresario isleño defiende que el problema lo ha ocasionado la Junta de Andalucía que le adeuda un millón de euros, a lo que la Administración andaluza responde que los pagos están en trámite y dentro de los plazos.
Sin embargo, lo que pueda ocurrir con Brassica Group aún está en el aire, a pesar de que la decisión adoptada por la Junta puede ser la sentencia de muerte de la empresa. En este caso, pues, habría que hablar del futuro del empresario, que después de salir de una situación empresarial calamitosa, ha sido capaz de crear una nueva empresa con una plantilla que ronda los 1.500 trabajadores.
Y que no hay que olvidar que aún queda un juicio penal, pero también las sentencias a favor de su demanda de 16 millones de euros a la Zona Franca. Suficiente para resurgir.
